Tegucigalpa, Honduras | HonduPrensa.Com – El rescate de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica podría abrir una de las batallas económicas más intensas del nuevo Gobierno: revisar los privilegios fiscales que benefician a un reducido grupo de empresas para evitar que la crisis eléctrica continúe drenando los recursos de todos los hondureños.
El presidente Nasry Asfura tendría ante su escritorio una ecuación explosiva. Mientras la ENEE pierde hasta 50 millones de lempiras diarios, Honduras renuncia anualmente a unos 73,702 millones de lempiras por medio de exenciones y exoneraciones tributarias.
Ambas cifras revelan una contradicción difícil de ignorar.
El Estado enfrenta limitaciones para financiar hospitales, escuelas, carreteras y programas sociales, pero al mismo tiempo sostiene beneficios fiscales cuya efectividad deberá ser revisada individualmente para determinar cuántos realmente generan empleo, inversión y crecimiento económico.
En ese escenario comienza a tomar fuerza un plan alternativo para rescatar la ENEE, basado en reorganizar los recursos disponibles antes de recurrir a más deuda pública o trasladar todo el costo de la crisis a la tarifa que pagan los usuarios.
La urgencia está marcada por los números.
Las pérdidas anuales de la empresa eléctrica oscilan entre 15,600 y 18,000 millones de lempiras. Su deuda acumulada supera los 120,000 millones, mientras los compromisos pendientes con generadores privados rebasan los 15,400 millones de lempiras.
El desequilibrio convierte a la ENEE en una amenaza constante para la estabilidad fiscal.
Cerca de uno de cada cuatro lempiras vinculados al endeudamiento público tendría relación con el sector eléctrico, cuya carga financiera representa una porción considerable de la economía nacional.
Mientras tanto, aproximadamente 35 de cada 100 unidades de energía producidas o compradas no terminan siendo cobradas correctamente.
Una parte desaparece por conexiones clandestinas, manipulación de medidores, fraude organizado, fallas técnicas, redes obsoletas y debilidades en la facturación. Otra queda atrapada dentro de una estructura administrativa que durante años ha demostrado dificultades para controlar sus propios ingresos.
La población, sin embargo, continúa pagando.
Los abonados que cumplen con sus recibos terminan expuestos a ajustes tarifarios, interrupciones, variaciones en el servicio y subsidios financiados mediante impuestos. El Gobierno destina alrededor de 283 millones de lempiras mensuales para mantener mecanismos de alivio al consumo eléctrico.
Esa presión explica por qué la mirada podría dirigirse hacia los regímenes fiscales especiales.
Según las cifras proporcionadas, apenas 656 empresas de las más de 300,000 registradas en Honduras gozan de determinados privilegios tributarios. En conjunto, el sector empresarial concentraría aproximadamente el 24% del gasto tributario nacional.
Los beneficios comprenden tratamientos especiales sobre renta, activos, ganancias de capital, importaciones y combustibles, entre otros componentes.
El punto de quiebre no consiste simplemente en eliminar exoneraciones.
La verdadera batalla será determinar cuáles incentivos cumplen objetivos económicos verificables y cuáles se han convertido en privilegios prolongados sin suficiente retorno para el país.
Eliminar beneficios productivos sin análisis podría provocar pérdida de empleos, cierre de operaciones o menor inversión. Mantener exoneraciones improductivas, en cambio, significaría renunciar a recursos mientras la ciudadanía sigue financiando las pérdidas de la ENEE.
Asfura deberá caminar sobre una delgada línea política.
Por un lado, necesitará preservar la confianza empresarial y la seguridad jurídica. Por otro, tendrá que demostrar que el rescate eléctrico no será pagado únicamente por las familias, las pequeñas empresas y los contribuyentes que nunca han recibido un tratamiento fiscal especial.
El debate también llegará inevitablemente al Congreso Nacional, donde cualquier reforma profunda enfrentará presiones empresariales, negociaciones partidarias y resistencia de sectores que buscarán proteger sus intereses.
Allí se medirá la verdadera fuerza del plan.
Una revisión seria debería exigir información pública sobre las empresas beneficiadas, los empleos generados, las inversiones realizadas, el tiempo de vigencia de cada incentivo y el costo que representa para el Estado.
Sin esa transparencia, la discusión podría quedar atrapada entre acusaciones políticas, sospechas amplificadas en redes sociales y campañas destinadas a confundir a la ciudadanía.
Pero revisar exoneraciones no será suficiente para salvar la ENEE.
La empresa deberá reducir pérdidas, recuperar mora, perseguir el hurto de energía, instalar medidores modernos, fortalecer la facturación, publicar sus contratos y exigir responsabilidad tanto a funcionarios como a grandes consumidores.
Inyectar nuevos recursos sin transformar la institución equivaldría a llenar un depósito que continúa abierto por debajo.
La crisis eléctrica ha llegado a un punto donde cada decisión tendrá consecuencias económicas y sociales. Más deuda comprometería el futuro; mayores tarifas castigarían a los usuarios; retirar incentivos sin planificación afectaría empleos; no hacer nada permitiría que la pérdida continúe creciendo.
El plan B deberá convertirse, por tanto, en una reforma integral y no solamente en una operación financiera.
La ciudadanía merece saber quiénes reciben los beneficios fiscales, cuánto aportan al desarrollo nacional y quiénes se han aprovechado de un sistema construido originalmente para atraer inversiones.
También merece conocer quién roba energía, quién evade pagos y quién ha permitido que la estatal acumule una deuda superior a los recursos destinados durante años a necesidades fundamentales.
El rescate de la ENEE será una prueba de autoridad para Nasry Asfura. El Gobierno podrá proteger privilegios, cargar la factura sobre el pueblo o enfrentar simultáneamente las pérdidas eléctricas y las distorsiones fiscales.
Honduras no necesita otra transferencia de dinero hacia una estructura sin controles. Necesita una solución que cierre las fugas, distribuya responsabilidades y convierta la energía en desarrollo, no en una deuda permanente heredada de gobierno en gobierno. —Redacción Bruce Villatoro CEO HonduPrensa.Com