Tegucigalpa, Honduras | HonduPrensa.Com – El expediente Pandora II volvió a estremecer el tablero político nacional. La Corte de Apelaciones dejó firme el sobreseimiento definitivo a favor del expresidente Porfirio Lobo Sosa, cerrando la persecución penal contra el exmandatario dentro de esta controvertida causa.
El fallo, sin embargo, no sepulta completamente el proceso.
Mientras Lobo queda fuera del expediente, otros exfuncionarios deberán regresar a los tribunales y el caso contra el expresidente Juan Orlando Hernández permanece abierto, elevando nuevamente la temperatura política y judicial en Honduras.
La resolución confirma que Porfirio Lobo no enfrentará juicio por las acusaciones de fraude y violación de los deberes de los funcionarios que habían sido promovidas dentro del caso presentado por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción.
La Corte concluyó que no existían elementos jurídicos suficientes para atribuirle una participación penal concreta en los hechos investigados.
La defensa del exgobernante argumentó que la acusación intentaba vincularlo principalmente por su condición de presidente de la República durante el período en que presuntamente ocurrieron las irregularidades.
Según esa postura, ocupar la máxima jerarquía del Poder Ejecutivo no puede convertirse automáticamente en prueba de conocimiento, autorización o participación directa en un delito.
Pero el impacto de la resolución va mucho más allá de Lobo Sosa.
El tribunal revocó los sobreseimientos definitivos que favorecían a Roberto Alonso Zúniga Barahona, exdirector de Presupuesto de Finanzas, y a Jorge Johnny Handal Hawit, exgerente de Banadesa.
Los dos deberán continuar enfrentando el proceso por la presunta comisión del delito de violación de los deberes de los funcionarios, reabriendo una ruta judicial que parecía concluida.
La Corte también ordenó modificar resoluciones relacionadas con el exministro de Finanzas Wilfredo Cerrato, la exfuncionaria Lilia María Bográn Rivera y James Aldana Medina, determinando sobreseimientos definitivos respecto de acusaciones específicas por fraude.
La resolución dibuja así un expediente dividido: algunos salen definitivamente, otros vuelven al proceso y varios mantienen una situación jurídica condicionada por delitos, decisiones y resoluciones diferentes.
Pandora II se originó a partir de una investigación sobre el presunto desvío de más de 288 millones de lempiras entre los años 2010 y 2013.
Los recursos habrían circulado mediante fundaciones y entidades públicas, bajo un esquema que, según la acusación fiscal, terminó favoreciendo intereses políticos y estructuras relacionadas con campañas electorales.
El caso adquirió una dimensión nacional por los nombres involucrados, las cantidades investigadas y el impacto que produjo sobre la credibilidad de las instituciones encargadas de administrar fondos estatales.
También se convirtió en una prueba para el sistema de justicia, obligado a demostrar que sus decisiones responden a evidencia verificable y no a presiones partidarias.
Ahora, la atención se desplaza hacia Juan Orlando Hernández, quien continúa vinculado al expediente y deberá presentarse a una audiencia de declaración de imputado el 3 de agosto de 2026.
Su comparecencia podría marcar uno de los episodios judiciales más observados del año, especialmente después de que varios coimputados obtuvieran resoluciones favorables.
La salida definitiva de Porfirio Lobo podría ser utilizada por la defensa de Hernández para reforzar argumentos relacionados con la debilidad de la acusación, aunque cada imputación deberá ser analizada de forma individual y conforme a los hechos atribuidos.
Pandora II entra así en una nueva fase.
Ya no es únicamente una investigación sobre el presunto desvío de fondos públicos. También es un examen sobre la coherencia de la justicia, la responsabilidad individual de los funcionarios y la capacidad del Estado para procesar casos de enorme impacto político sin caer en impunidad ni persecución selectiva.
Honduras necesita respuestas jurídicas firmes, procesos transparentes y decisiones que permitan distinguir entre una acusación sin sustento y una responsabilidad respaldada por pruebas contundentes. —Redacción Bruce Villatoro CEO HonduPrensa.Com