Tegucigalpa, Honduras | HonduPrensa.Com – Miles de familias rurales quedaron sin la posibilidad de recibir sistemas de riego, maquinaria, tecnología y financiamiento, después de que Honduras devolviera 120 millones de dólares que no fueron ejecutados a tiempo en el sector agrícola.
El caso revela una grave fractura en la administración de los recursos destinados al campo: mientras los productores luchan contra la pobreza, la falta de agua y el encarecimiento de los insumos, una millonaria inversión regresó sin convertirse en cosechas, empleos ni seguridad alimentaria.
El titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Moisés Molina, informó que los recursos pertenecían a una cartera aproximada de 140 millones de dólares, creada para financiar proyectos capaces de mejorar las condiciones productivas de las comunidades rurales.
Sin embargo, el atraso acumulado dejó al país sin margen para cumplir los plazos, obligando a devolver la mayor parte del financiamiento para evitar un deterioro en la cartera crediticia nacional.
El tiempo avanzó, pero los proyectos no
La dimensión del problema quedó reflejada en los niveles de ejecución encontrados por las nuevas autoridades.
Según Molina, varios programas habían consumido cerca del 70 % del tiempo disponible, pero apenas alcanzaban un 3 % de ejecución física en las comunidades.
Esto significa que los calendarios avanzaron mientras las obras, la asistencia técnica y las inversiones permanecían prácticamente detenidas.
La SAG responsabilizó del atraso a la administración anterior y señaló directamente la gestión de la exministra Laura Suazo, quien estuvo al frente de la institución durante el gobierno de la expresidenta Xiomara Castro.
Más allá del choque político, el caso vuelve a colocar bajo cuestionamiento la capacidad del Estado para transformar créditos, donaciones y convenios internacionales en soluciones visibles para la población.
Recursos que podían cambiar vidas
Los fondos devueltos habrían permitido atender aproximadamente a 5,000 familias mediante proyectos diseñados para mejorar la productividad y enfrentar los efectos del cambio climático.
Entre las inversiones previstas figuraban reservorios de agua, bombas solares, sistemas de riego, maquinaria agrícola, acceso a financiamiento, asistencia especializada y tecnologías climáticamente inteligentes.
Cada uno de esos componentes podía significar la diferencia entre perder una cosecha o mantenerla, abandonar una comunidad o generar ingresos, depender de la ayuda pública o construir una actividad productiva sostenible.
Molina indicó que otros programas han logrado beneficiar a unas 3,000 familias, demostrando que la inversión agrícola puede sacar hogares de la pobreza cuando los proyectos se ejecutan con acompañamiento, tecnología y metas claras.
El problema es que la necesidad nacional supera ampliamente esa cobertura.
Amenaza climática llega al campo
La devolución se produce cuando Honduras enfrenta una creciente amenaza de sequía que podría afectar hasta 135 municipios.
Las zonas agrícolas se preparan para una etapa crítica caracterizada por reducción de lluvias, menor disponibilidad de agua, pérdida de cultivos y presión sobre la producción nacional de alimentos.
Ante una menor cosecha interna, Honduras podría verse obligada a importar mayores cantidades de granos, vegetales y otros productos esenciales, aumentando su dependencia del mercado internacional.
Esta combinación de fondos no ejecutados, sequía e importaciones puede terminar golpeando directamente el bolsillo de los consumidores, especialmente de las familias con menores ingresos.
El país dispone de productores, tierras y necesidad de inversión. Lo que continúa faltando es una estructura pública capaz de ejecutar cada recurso con responsabilidad, planificación y urgencia.
Devolver millones mientras el campo pide agua, tecnología y oportunidades no puede convertirse en una práctica normal dentro del Estado hondureño. —Redacción Bruce Villatoro CEO HonduPrensa.Com