La propuesta alterna promete revisar las finanzas de la estatal eléctrica, contener las pérdidas, proteger a los trabajadores y someter la transformación del sector a controles públicos.
Tegucigalpa, Honduras | HonduPrensa.Com – La discusión sobre el futuro energético de Honduras tendrá una nueva propuesta sobre la mesa. La bancada del Partido Liberal anunció una iniciativa alternativa y complementaria a la Ley General de Energía, con la que pretende enfrentar los problemas financieros, operativos y regulatorios que golpean al sistema eléctrico nacional.
El anuncio introduce un punto de quiebre dentro del debate legislativo: los liberales consideran que la propuesta actualmente discutida en el Congreso Nacional resulta insuficiente para responder a los desafíos estructurales del sector.
Su iniciativa estará organizada alrededor de siete compromisos. Entre los principales figuran una auditoría forense e independiente para la ENEE, tarifas justas, subsidios focalizados, inversiones para modernizar la red y una prohibición expresa contra cualquier interpretación legal que facilite su privatización.
Una reforma que tendrá que demostrar cómo será financiada
La bancada asegura que Honduras necesita una transformación integral, técnicamente sólida y fiscalmente responsable.
Esa definición coloca el financiamiento en el centro de la discusión. Modernizar redes, reducir pérdidas, fortalecer instituciones y sostener subsidios requiere recursos, planificación y mecanismos de control que eviten que las obligaciones terminen trasladándose sin explicación a los usuarios.
El documento anunciado propone desarrollar un plan de saneamiento financiero para recuperar la estabilidad económica y operativa de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica.
También plantea realizar una auditoría forense independiente. Esa revisión buscaría aportar claridad sobre la situación de la estatal, aunque todavía falta conocer quién la ejecutaría, qué período sería examinado y qué consecuencias producirían sus hallazgos.
La propuesta formal deberá responder esas preguntas para evitar que la auditoría se convierta únicamente en una declaración política sin efectos administrativos o legales.
El recibo eléctrico entra en el centro del debate
La bancada liberal sostiene que la reforma debe proteger a los usuarios mediante tarifas justas y subsidios dirigidos a quienes realmente los necesitan.
Este compromiso toca directamente el bolsillo de la población. Para miles de hogares, pequeños negocios y empresas, el costo de la energía influye en el presupuesto familiar, la producción, la contratación de trabajadores y los precios finales de bienes y servicios.
Sin embargo, la protección de los consumidores deberá combinarse con la sostenibilidad financiera del sistema. Una tarifa artificialmente baja sin respaldo económico puede profundizar los problemas de la empresa, mientras un incremento desproporcionado puede golpear a los sectores con menor capacidad de pago.
La propuesta liberal intenta situarse entre ambos extremos: subsidios focalizados para la población vulnerable y reglas que permitan sostener el funcionamiento del sistema.
Reducir pérdidas para recuperar confianza
Otro de los objetivos consiste en disminuir las pérdidas técnicas y no técnicas mediante inversiones responsables en la infraestructura eléctrica.
Las pérdidas técnicas pueden estar relacionadas con las condiciones y limitaciones de la red. Las no técnicas abarcan situaciones que afectan la facturación y recuperación de ingresos. La propuesta entregada no detalla todavía cuáles serán las herramientas concretas para enfrentarlas.
Los liberales también plantean modernizar la red, mejorar la calidad del servicio y promover una matriz energética más diversificada y sostenible.
De aprobarse estas medidas, su efectividad dependerá de la ejecución. Por esa razón, la iniciativa contempla indicadores de desempeño, evaluaciones permanentes y un cronograma público que permita medir el cumplimiento de cada etapa.
Este mecanismo podría dar a la ciudadanía una herramienta para comprobar si la reforma avanza conforme a sus promesas o queda detenida por falta de recursos, decisiones administrativas o desacuerdos políticos.
La ENEE seguiría como patrimonio público
La propuesta incluye una disposición expresa para preservar el carácter público, estratégico y de patrimonio nacional de la ENEE.
Según el planteamiento liberal, ninguna norma contenida en la ley debería utilizarse para autorizar o facilitar una privatización total o parcial de la empresa.
Este compromiso busca cerrar interpretaciones que puedan alterar la naturaleza jurídica de la estatal. No obstante, mantenerla bajo control público también exigirá resultados, transparencia, profesionalización y una administración capaz de responder ante los usuarios.
La iniciativa incorpora la protección de los derechos adquiridos de los trabajadores, junto con programas de capacitación y profesionalización.
También propone fortalecer la seguridad jurídica, transparentar las contrataciones públicas y establecer una supervisión independiente sobre los procesos regulatorios vinculados con la reforma.
El consenso será la primera prueba política
Antes de presentar formalmente el proyecto, la bancada liberal anunció un proceso de socialización con alcaldes, trabajadores, empresarios, especialistas, universidades y organizaciones de la sociedad civil.
La amplitud de ese diálogo será una prueba para determinar si la iniciativa puede trascender el terreno partidario. La reforma del sistema eléctrico afecta intereses públicos, empresariales, laborales y territoriales que difícilmente pueden resolverse desde una sola fuerza política.
Los liberales aseguran que no pretenden obstaculizar las soluciones, sino construir una alternativa que permita contar con energía confiable, tarifas razonables, instituciones transparentes y reglas claras para promover la inversión y el empleo.
El siguiente paso será conocer el documento completo y comprobar si sus siete compromisos incluyen metas, costos, responsables y plazos verificables. Honduras no necesita otra reforma sostenida únicamente por promesas. Necesita resultados que se reflejen en menos interrupciones, mayor transparencia y un sistema eléctrico capaz de responder a la población sin convertirse en una carga financiera permanente. —Redacción Hansell O.