Tegucigalpa, Honduras.- La violencia continúa siendo uno de los principales desafíos para Honduras, donde cientos de miles de personas han tenido que abandonar sus hogares debido a amenazas, ataques y otros hechos delictivos. Ante este panorama, especialistas en derechos humanos consideran que el país necesita replantear su política de seguridad para enfrentar de manera más efectiva la criminalidad.
El director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Javier Acevedo, afirmó que el problema de la violencia es estructural y que las medidas implementadas hasta ahora no han logrado responder a las expectativas de la población. En su opinión, la prioridad debe ser fortalecer la investigación criminal, prevenir los delitos y reducir la impunidad, más allá de incrementar capturas o despliegues policiales.
El defensor de derechos humanos sostuvo que una estrategia de seguridad debe medirse por su capacidad para evitar que los crímenes ocurran y garantizar que los responsables enfrenten la justicia. Además, señaló que la percepción de inseguridad persiste entre la ciudadanía, pese a las estadísticas oficiales sobre la reducción de algunos delitos.
Acevedo también advirtió que las masacres registradas en distintos departamentos reflejan una problemática nacional y no hechos aislados. A su juicio, combatir la violencia requiere una mayor coordinación entre las instituciones encargadas de la seguridad y políticas orientadas a atacar las causas que alimentan la criminalidad.
Respecto a un posible regreso del estado de excepción, el representante de Ciprodeh manifestó que esta medida no representa una solución permanente, recordando que su aplicación anterior no logró erradicar los problemas de inseguridad. En cambio, insistió en la necesidad de construir una política pública basada en prevención, investigación y combate a la impunidad.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad anunció una nueva etapa de su estrategia para combatir la delincuencia, enfocada en 30 municipios donde se concentra cerca del 70 % de los hechos violentos del país. El ministro Gerzon Velásquez explicó que el plan contempla una reorganización de la Policía Nacional para fortalecer su capacidad operativa.
Entre los resultados reportados por las autoridades destacan la desarticulación de 117 estructuras criminales, el decomiso de más de 4,000 armas de fuego y la captura de casi 5,000 personas presuntamente vinculadas con organizaciones delictivas.
Sin embargo, el impacto de la violencia va más allá de las cifras policiales. Datos de la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples revelan que 423,845 hondureños, equivalentes al 4.5 % de la población, han sufrido desplazamiento interno por causa de la violencia.
El estudio, desarrollado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) con el apoyo de la Secretaría de Derechos Humanos, ACNUR y el Banco Mundial, también señala que el 38.5 % de las personas desplazadas enfrentó además desastres naturales, mientras que las mujeres representan el 55 % de los casos y los jóvenes de entre 15 y 34 años concentran el 38 % del total. Asimismo, el 11 % corresponde a niñas, niños y adolescentes menores de 14 años.
Las cifras reflejan que la violencia continúa provocando una profunda crisis social y humanitaria en Honduras, por lo que organizaciones defensoras de derechos humanos reiteran la necesidad de impulsar políticas integrales que prioricen la prevención, la protección de las víctimas y el fortalecimiento del sistema de justicia. Redacción Ruth Corrales