Las pérdidas millonarias de la estatal eléctrica pueden justificar una reforma profunda, pero no justifican decisiones sin diagnóstico, auditoría ni comparación de costos. El país debe conocer qué puede recuperar directamente la administración pública, qué procesos realmente necesitan apoyo externo además de quiénes podrían convertirse en beneficiarios económicos del nuevo modelo. Una ENEE quebrantada no puede transformarse en terreno fértil para contratos blindados mientras el usuario continúa pagando la factura. La reforma debe comenzar siguiendo el dinero.
Tegucigalpa, Honduras | HonduPrensa.Com – Honduras enfrenta una pregunta más grande que cualquier discusión partidaria sobre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica: ¿puede el Estado recuperar su propia empresa antes de entregar funciones a terceros? La respuesta no puede construirse desde consignas ideológicas ni desde presiones políticas, sino desde auditorías, resultados además de costos comparables. Si las pérdidas alcanzan alrededor de L50 millones diarios, como sostiene el diputado Frank Alley, cada día de inacción representa un golpe considerable para las finanzas públicas. Pero cada contrato mal diseñado también podría convertirse en otra carga que el país arrastre durante años.
La crisis de la ENEE debe dividirse en problemas concretos para evitar soluciones genéricas. Una parte puede estar vinculada con pérdidas de energía, otra con mora, otra con redes deterioradas, otra con deficiencias de facturación, otra con fraude además de otra con costos estructurales. Una reforma técnicamente seria debería identificar el peso financiero de cada componente antes de decidir qué herramienta utilizar. Honduras necesita conocer la causa del déficit antes de escoger quién cobrará por combatirlo.
El rescate estatal debe tener números, plazos además de responsables
Defender la capacidad pública no significa proteger ineficiencias ni esconder errores históricos. Significa obligar al Estado a demostrar si puede resolverlos mediante gestión profesional, tecnología, disciplina financiera además de supervisión independiente. La ENEE debería recibir objetivos trimestrales obligatorios sobre pérdidas, recuperación de mora, inversión en redes además de disminución del gasto improductivo. Los funcionarios responsables de cada objetivo deberían comparecer públicamente cuando no cumplan.
Un rescate serio puede comenzar con una auditoría técnica además de financiera capaz de identificar las principales fugas de recursos. Después deberían priorizarse los veinte o treinta puntos de mayor impacto económico en lugar de repartir esfuerzos sin estrategia. Cada intervención debería tener costo, fecha, responsable además de ahorro esperado. De esa manera, Honduras podría comprobar si la empresa pública es realmente incapaz o si nunca fue administrada bajo exigencias suficientes.
¿Cuánto pierde realmente la ENEE además de quién permitió esas pérdidas?
Una cifra de L50 millones diarios debería producir mucho más que titulares. Debería producir expedientes técnicos, análisis territoriales, auditorías, mapas de pérdidas además de responsabilidades administrativas. ¿Qué porcentaje proviene de pérdidas técnicas, cuánto de pérdidas no técnicas, cuánto de deuda incobrada además de cuánto de problemas contractuales? Sin esas respuestas, el ciudadano recibe la magnitud del incendio, pero no conoce dónde están las llamas.
También debe preguntarse durante cuánto tiempo se permitió que esas pérdidas crecieran. ¿Qué administraciones recibieron advertencias, qué correctivos adoptaron, cuáles fracasaron además de quién respondió por ello? La continuidad del problema entre diferentes gobiernos demuestra que la crisis no puede atribuirse exclusivamente a una administración o partido. La ENEE necesita dejar de reiniciar cada cuatro años como si su historia financiera comenzara con cada nuevo gobierno.
Tercerizar no elimina automáticamente el riesgo
La contratación privada puede aportar tecnología, velocidad o especialización, pero también introduce costos, márgenes de ganancia además de riesgos contractuales. Un operador privado no trabaja gratuitamente, por lo tanto cualquier propuesta debe explicar cuánto cobrará, qué inversión realizará además de cuánto ahorro neto obtendrá la ENEE después de pagar sus servicios. Si el supuesto ahorro desaparece cuando se incorpora el costo del contrato, el modelo tendría que revisarse. La eficiencia debe medirse en beneficio público neto, no únicamente en capacidad operativa.
Tampoco debe confundirse tercerización con transferencia de responsabilidad. Si una compañía recibe millones para reducir pérdidas, debe existir una meta contractual verificable además de penalidades suficientes cuando no cumpla. Si promete mejorar cobranza, debe cobrar más de lo que cuesta contratarla. Si promete modernización, debe dejar infraestructura, conocimiento además de capacidad instalada dentro del Estado.
¿Quiénes podrían beneficiarse del nuevo mapa energético?
La transparencia debe comenzar antes de publicar una licitación. Honduras necesita conocer qué sectores empresariales podrían resultar beneficiados por cada componente de la reforma, qué grupos tienen experiencia en esos servicios además de quiénes son sus beneficiarios finales. También debe conocerse si existen personas políticamente expuestas, familiares, socios o intermediarios dentro de estructuras empresariales interesadas. Si no existen conflictos, publicar esta información fortalecerá la credibilidad del proceso.
La pregunta sobre el famoso “tilín tilín” debe entenderse como fiscalización del dinero, no como condena anticipada. ¿Quién podría cobrar por medición, facturación, cobranza, tecnología, mantenimiento, consultoría o administración? ¿Cuánto cobraría además de durante cuánto tiempo? ¿Qué político, funcionario o asesor está defendiendo cada componente además de cuáles son sus argumentos técnicos?
Las reuniones también deben dejar huella pública
Una reforma energética de gran magnitud no nace espontáneamente dentro de un hemiciclo. Antes existen reuniones, documentos, borradores, estudios, conversaciones técnicas además de intercambios con empresas, organismos internacionales o especialistas. Honduras debería conocer quién participó en esas etapas además de qué propuestas fueron descartadas o aceptadas. Esa trazabilidad permitiría entender cómo se construyó el modelo final.
Publicar agendas de reuniones vinculadas con una reforma estratégica sería una señal poderosa de transparencia. También permitiría identificar potenciales conflictos de interés antes de que se conviertan en crisis políticas. La ciudadanía podría distinguir entre asesoría técnica legítima además de presión empresarial legítima, siempre que ambas sean visibles. Lo peligroso no es que existan intereses alrededor de una reforma, sino que permanezcan ocultos.
PCM no debe convertirse en atajo institucional
La posibilidad de avanzar mediante un PCM si el Congreso no alcanza acuerdos merece cautela. Una empresa con pérdidas tan grandes necesita decisiones, pero rapidez no puede convertirse en sustituto de legitimidad, análisis además de control. Cualquier medida ejecutiva debería publicar claramente su fundamento, alcance económico, duración además de efectos administrativos. Si genera futuras contrataciones, esas contrataciones deben permanecer sujetas a competencia, publicidad además de auditoría.
La urgencia puede justificar acelerar una solución técnica, pero no borrar preguntas. Si el Congreso no logra consensos, el Ejecutivo tendría todavía mayor responsabilidad de explicar al país qué hará además de por qué. Una decisión correcta puede defenderse públicamente con información. Una decisión opaca siempre terminará alimentando sospechas.
La ENEE necesita cirugía administrativa antes que maquillaje institucional
Una reforma que cambie nombres, contratos o estructuras sin modificar incentivos internos puede terminar reproduciendo los mismos problemas. La ENEE necesita controles sobre desempeño, digitalización profunda, depuración de procesos además de un modelo profesional de administración. Los cargos técnicos deberían depender de mérito además de resultados, no de cercanía política. La continuidad institucional debería sobrevivir a los cambios de gobierno.
También necesita recuperar cultura de cobro. Una empresa que vende energía pero no cobra adecuadamente está condenada a depender de deuda, transferencias o tarifas. Combatir mora no significa perseguir indiscriminadamente a familias vulnerables, sino diferenciar incapacidad de pago, fraude además de grandes saldos pendientes. La política social debe ser transparente además de financiada como política social, no escondida dentro de pérdidas empresariales.
El usuario debe ser el centro de la reforma
La discusión suele quedar atrapada entre políticos, empresarios además de instituciones financieras, mientras el abonado aparece únicamente al momento de pagar. Toda reforma debería explicar cómo cambiará el servicio para hogares, pequeños negocios además de industria. ¿Habrá menos apagones, mejor voltaje, respuesta más rápida, facturación más precisa además de tarifas sostenibles? Si esos resultados no pueden medirse, la reforma estará incompleta.
También debe establecerse qué ocurrirá si un contratista incumple. El consumidor no puede convertirse en rehén de contratos donde el Estado asume riesgos mientras el privado conserva ingresos garantizados. Las penalidades deben ser reales, las garantías ejecutables además de los mecanismos de terminación suficientemente claros. La protección del usuario debe escribirse antes de adjudicar.
Seguir el dinero antes de escuchar el tilín tilín
Honduras necesita rescatar la ENEE, pero rescatarla no significa necesariamente tercerizarla. Significa detener pérdidas, fortalecer capacidad técnica, transparentar contratos además de construir una empresa capaz de rendir cuentas. En aquellos procesos donde la participación privada resulte objetivamente superior, el Estado debe demostrarlo con comparaciones públicas. En aquellos donde pueda hacerlo directamente, debe asumir su responsabilidad sin intermediarios innecesarios.
El debate energético entrará a su verdadera etapa cuando políticos, funcionarios además de empresarios acepten responder las preguntas económicas. ¿Quién gana con cada modelo, quién asume el riesgo, cuánto paga la ENEE además de qué recibe el usuario? Esa información permitirá separar reforma de negocio, modernización de intermediación además de eficiencia de propaganda. La ciudadanía no debería firmar un cheque político sin conocer el destinatario.
Si el Estado demuestra que puede recuperar la ENEE, Honduras habrá fortalecido uno de sus activos estratégicos. Si demuestra que ciertos componentes requieren apoyo privado, podrá contratarlos con legitimidad además de mejores condiciones. Pero si terceriza antes de demostrar cualquiera de esas dos cosas, la sospecha acompañará cada contrato. Antes del tilín tilín, que suenen las auditorías, los números además de la rendición de cuentas. —Redacción Bruce Villatoro CEO HonduPrensa.Com