Tegucigalpa, Honduras | HonduPrensa.Com – El intento de Casa Presidencial por marcar la ruta de la reforma eléctrica encontró una barrera política que ya habla en voz alta: Jorge Cálix le respondió a Nasry Asfura que el Partido Liberal no aceptará imposiciones alrededor del futuro de la ENEE.
El mensaje rompe cualquier idea de que el Ejecutivo podrá llevar su proyecto al Congreso esperando obediencia automática de otras bancadas. Cálix devolvió el rechazo presidencial con otro rechazo, pero acompañado de una contrapropuesta que obliga al Gobierno a defender cada una de sus decisiones frente al país. En una discusión donde circulan miles de millones de lempiras, contratos de generación y tarifas que golpean hogares, Casa Presidencial tendrá que ofrecer algo más sólido que autoridad política: tendrá que ofrecer transparencia demostrable.
El jefe liberal sostiene que la iniciativa del Ejecutivo no garantizaba suficientemente que la ENEE continuara siendo completamente pública, una afirmación que coloca al Gobierno frente a una pregunta especialmente sensible.
Si Casa Presidencial asegura que no busca privatizar, entonces debería existir espacio para establecer candados jurídicos inequívocos que hagan imposible una privatización encubierta, una transferencia futura de activos o cualquier maniobra que debilite el control estatal. La propuesta liberal pretende mantener la empresa en manos del Estado, reorganizarla y crear una estructura capaz de mejorar su funcionamiento sin entregar su propiedad. Cuando está en juego uno de los mayores patrimonios públicos de Honduras, las promesas políticas no sustituyen las garantías escritas en la ley.
Pero el verdadero cortocircuito aparece cuando Cálix habla de cómo compra electricidad la ENEE, porque allí la discusión deja de ser ideológica para entrar directamente en las cuentas. Su propuesta busca cerrar la puerta a compras directas como práctica recurrente e imponer licitaciones públicas mediante competencia abierta, preferiblemente utilizando subastas inversas.
El razonamiento es elemental: si varias empresas quieren venderle energía a Honduras, deberían competir para ofrecer mejores condiciones en vez de permitir que el Estado termine atrapado en precios difíciles de justificar. Casa Presidencial debería explicar con precisión qué mecanismo propone para garantizar que ningún productor, amigo, grupo económico o interés político obtenga ventajas fuera de una competencia transparente.
Cálix aseguró que existen compras cercanas a 43 centavos de dólar por kilovatio hora, mientras esa energía terminaría vendiéndose a aproximadamente 25 centavos para consumidores residenciales o 13 centavos para grandes compañías.
Bajo su lectura, allí existe una hemorragia financiera mucho más profunda que el discurso tradicional sobre subsidios, razón por la cual sentenció que “no son los subsidios, es que compramos demasiado caro”. El diputado también mencionó precios cercanos a siete centavos alcanzados mediante procesos competitivos en Guatemala, colocando inevitablemente la comparación regional sobre la mesa.
Si Honduras paga más, entonces el Gobierno debe explicar cuánto más, por qué más, bajo qué contratos y qué reforma impedirá que esa historia continúe.
La advertencia de Cálix fue todavía más dura: si pretenden continuar con compras directas, los liberales no pondrán sus votos para respaldarlas. Esa declaración incomoda a Casa Presidencial porque cambia el terreno del debate: ya no basta etiquetar como oposición a quienes cuestionen la propuesta gubernamental.
El Ejecutivo tendrá que demostrar que su diseño puede producir precios más competitivos, combatir pérdidas, recuperar eficiencia y someter los contratos eléctricos al máximo nivel de fiscalización. El Congreso debería convertirse precisamente en eso: un lugar donde el Gobierno explique, responda, corrija y negocie, no una maquinaria destinada a ratificar decisiones tomadas previamente.
Honduras ha pagado durante demasiado tiempo el costo de una ENEE atrapada entre pérdidas, deuda, intereses empresariales, decisiones políticas y una administración incapaz de ofrecer la transformación que el país reclama.
Por eso, la reforma actual no puede terminar siendo otro maquillaje legislativo cargado de grandes palabras mientras permanecen intactas las prácticas que hicieron insostenible el sistema. Si Asfura quiere convencer al país, la respuesta debe aparecer en artículos concretos: licitaciones abiertas, contratos públicos, precios comparables, protección estatal, sanciones contra el fraude y auditoría permanente de cada compra. Casa Presidencial puede ganar una votación; lo realmente difícil será demostrar que su reforma puede impedir que los hondureños sigan pagando la factura de los errores del poder. —Redacción Hansell O.