La maniobra administrativa que desestimó el 90% de los apoyos populares evita que 80 parlamentarios enfrenten la justicia política por las maniobras en la ley agroindustrial.
Tegucigalpa, Honduras | HonduPrensa.Com – Lo que prometía ser un histórico proceso de rendición de cuentas terminó convertido en una demostración de poder burocrático. El Congreso Nacional consumó el archivo de la petición de juicio político contra más de 80 diputados, escudándose en una certificación del Registro Nacional de las Personas (RNP) que descalificó de forma masiva los respaldos ciudadanos recolectados en el litoral atlántico.
El dato que desató el rechazo social es la severidad con la que el RNP desarmó la iniciativa: de 12,000 firmas entregadas con acta en mano, el ente estatal anuló 11,281 rúbricas y dejó en pie apenas 1,710. Al quedar por debajo de las 3,000 firmas legítimas requeridas por ley, la directiva encabezada por Tomás Zambrano dio por concluido el trámite, impidiendo que el pleno parlamentario tuviera que debatir la conducta de sus integrantes.
La acción ciudadana buscaba sentar en el banquillo a los congresistas que suscribieron el dictamen sobre la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, una normativa acusada de manipular aspectos críticos de la energía, el turismo y los recursos para pequeños productores ganaderos y agrícolas en favor de grupos de poder.
¿Mecanismo de participación o trampa institucional?
El carpetazo evidencia el muro infranqueable que enfrenta la ciudadanía cuando intenta utilizar la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana. Para la clase política, la desestimación de firmas valida el estricto cumplimiento de los filtros de autenticidad; para los sectores afectados, expone la existencia de un sistema diseñado para frenar cualquier intento de alcanzar la mayoría calificada de 86 votos que exige la Constitución para destituir a altos funcionarios.
El costo político de acallar el reclamo popular
El archivo del expediente le ahorra al parlamento un desgaste público en el estrado, pero agudiza la crisis de legitimidad del Poder Legislativo. La anulación en masa de los registros en Colón y Atlántida sienta un precedente alarmante que deja prácticamente inoperante la figura del juicio político por iniciativa popular en Honduras.
Lejos de sofocar el fuego, la resolución institucional atiza el descontento en el litoral atlántico. Con la vía institucional clausurada por el filtro registral, los grupos sociales amenazan con escalar sus medidas de presión, recordando que las leyes archivadas en el papel siguen pesando sobre la realidad económica de la población. —Redacción Bruce Villatoro CEO HonduPrensa.Com