Secretarios y escrutadores dejarían de responder a designaciones partidarias bajo una propuesta que incorpora sorteo público, capacitación obligatoria y controles de independencia dentro de las Juntas Receptoras de Votos.
Tegucigalpa, Honduras | HonduPrensa.Com – El debate electoral hondureño entra en un terreno decisivo. Una de las reformas presentadas ante el Congreso Nacional propone que dos de los cinco puestos principales de las Juntas Receptoras de Votos sean ocupados por ciudadanos sin representación de partidos políticos, seleccionados mediante sorteo público bajo responsabilidad del Consejo Nacional Electoral.
La modificación aparece dentro de las 22 propuestas de reforma electoral presentadas por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, en momentos en que el país busca fortalecer las reglas electorales tras las elecciones generales celebradas en noviembre de 2025.
La iniciativa no plantea una ciudadanización completa de las mesas. Construye, en cambio, una integración mixta: los partidos conservarían tres espacios, mientras otros dos quedarían bajo participación ciudadana.
Ese equilibrio será probablemente uno de los puntos más discutidos cuando el paquete entre en una etapa más amplia de socialización.
Tres puestos partidarios frente a dos ciudadanos sorteados
La propuesta establece que los tres partidos políticos con mayor cantidad de votos en el nivel presidencial de la última elección general conservarían participación directa en cada Junta Receptora.
Sus representantes ocuparían la presidencia, vocalía I y vocalía II.
Los cargos de secretario y escrutador, junto con sus suplentes, serían asignados a ciudadanos seleccionados mediante un procedimiento aleatorio entre electores inscritos en el correspondiente centro de votación.
El cambio tiene especial relevancia porque ambos puestos forman parte de la estructura operativa que participa directamente en el desarrollo de la jornada electoral.
La intención de la reforma es introducir un componente independiente sin eliminar totalmente la representación de las organizaciones políticas.
El sorteo no bastará para integrar una mesa
Ser seleccionado no garantizará automáticamente la acreditación.
La propuesta exige que quienes resulten escogidos reciban capacitación obligatoria impartida por el Consejo Nacional Electoral, además de aprobar evaluaciones teóricas y prácticas.
El CNE deberá procurar que los ciudadanos seleccionados acrediten condiciones de idoneidad, imparcialidad, responsabilidad, capacidad para leer, escribir y conocimientos básicos necesarios para desempeñar sus funciones.
Solamente quienes aprueben el proceso podrían incorporarse oficialmente como secretario o escrutador.
La preparación tendría que finalizar, como mínimo, 30 días antes de las elecciones generales, mientras una lista de suplentes previamente capacitados permitiría responder ante ausencias o sustituciones.
La militancia política queda bajo restricciones
La propuesta intenta blindar los dos espacios ciudadanos frente a influencias partidarias directas.
Entre quienes no podrían ser seleccionados aparecen candidatos a cargos de elección popular, dirigentes partidarios, autoridades, representantes, activistas acreditados, empleados de partidos políticos e integrantes de sus órganos de dirección.
Tampoco podrían participar funcionarios o empleados del CNE o del Tribunal de Justicia Electoral, miembros activos de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional, además de otras personas consideradas incompatibles por eventuales conflictos de interés.
La efectividad de esta disposición dependerá de los mecanismos que pueda establecer el Consejo Nacional Electoral para verificar la independencia político-partidaria de quienes sean sorteados.
Ese punto será especialmente sensible: una ciudadanización sin controles efectivos podría perder credibilidad antes de comenzar.
Más controles sobre el escrutinio
El escrutinio continuaría siendo obligatoriamente público.
La propuesta mantiene responsabilidades para los integrantes que impidan que ese procedimiento pueda desarrollarse públicamente, mientras incorpora la obligación de regular mecanismos de sorteo transparentes, auditables y verificables.
También establece que el CNE deberá disponer de reglas sobre requisitos mínimos, capacitación, evaluaciones, sustituciones, incompatibilidades, controles de independencia y responsabilidades por incumplimientos.
El reglamento tendría que emitirse o adecuarse dentro de los 90 días posteriores a la entrada en vigencia del decreto, en caso de que la reforma logre convertirse en ley.
El Congreso enfrenta una prueba de consenso
La discusión todavía está lejos de concluir.
Para el 17 de septiembre se contempla que sectores de sociedad civil junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo presenten otra propuesta de reformas electorales, lo que podría ampliar el debate antes de cualquier decisión definitiva.
Ese proceso permitirá saber si existe suficiente consenso para modificar una de las estructuras más sensibles del sistema electoral hondureño.
La pregunta de fondo no será solamente cuántos ciudadanos entrarán a las mesas, sino qué nivel real de independencia tendrán frente a los partidos, cómo será supervisado el sorteo y qué garantías ofrecerá el CNE para evitar interferencias.
Honduras tiene ante sí una oportunidad para revisar las reglas desde la experiencia reciente. La credibilidad, sin embargo, no llegará únicamente mediante un decreto: dependerá de que el modelo aprobado pueda funcionar, sea auditable y ofrezca garantías iguales para partidos, ciudadanos y electores. —Redacción Bruce Villatoro CEO HonduPrensa.Com