La incorporación de Alberto A. Hernández Franks expone nuevamente la coexistencia entre la actividad institucional de Próspera y una sentencia hondureña que anuló el marco constitucional y legal de las ZEDE.
Tegucigalpa, Honduras | HonduPrensa.Com – La juramentación de Alberto A. Hernández Franks como fiscal civil de Próspera ZEDE introduce un nuevo episodio en uno de los debates jurídicos más sensibles de Honduras: qué alcance tienen hoy las actuaciones de un proyecto que continúa organizando su aparato institucional después de que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la normativa que sustentó las ZEDE.
Próspera hizo pública la designación el 15 de septiembre de 2026 e indicó que el abogado asumirá responsabilidades civiles y administrativas relacionadas con el cumplimiento de sus disposiciones internas.
No se trata únicamente de un nombramiento administrativo. Las funciones atribuidas al nuevo fiscal incluyen impulsar acciones de cumplimiento, intervenir en procedimientos de cobro forzoso de tributos y vigilar reglas asociadas con la propiedad, el orden público y otros ámbitos regulados dentro de la estructura de Próspera.
Hernández Franks llega con perfil jurídico internacional
La información divulgada identifica a Hernández Franks como abogado hondureño graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con un LL.M. cursado en Penn State University.
Además, figura con licencia profesional del estado de Nueva York emitida en enero de 2026, elemento que Próspera incorpora a su narrativa de fortalecimiento de capacidades jurídicas e institucionales.
El proyecto sostiene que este tipo de incorporaciones fortalece una institucionalidad que considera vinculada con el estado de derecho, la gobernanza y la actividad económica. Esa es la posición expresada por Próspera y debe leerse paralelamente a las decisiones adoptadas por las instituciones hondureñas.
Honduras tiene una sentencia vigente como antecedente central
El punto crítico está en el fallo del 20 de septiembre de 2024.
Ese día, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el Decreto 236-2012, mediante el cual se habían reformado los artículos 294, 303 y 329 de la Constitución, así como el Decreto 120-2013 que contenía la Ley Orgánica de las ZEDE.
La nota oficial del Poder Judicial estableció que la determinación tenía efectos ex tunc, es decir, nulatorios desde el origen, debido a la afectación de disposiciones consideradas pétreas de la Constitución.
La controversia no terminó con esa resolución.
Próspera expresó desde 2024 una posición discrepante sobre la posibilidad de aplicar retroactivamente los efectos de la sentencia y ha defendido públicamente derechos que considera adquiridos por residentes, trabajadores e inversionistas.
Dos planos jurídicos frente al lector
Ahí está el elemento de mayor trascendencia.
Por un lado existe una sentencia de la máxima instancia judicial hondureña que expulsó del ordenamiento las disposiciones que dieron soporte constitucional y legal a las ZEDE. Por otro, Próspera continúa anunciando cargos, funciones y estructuras administrativas dentro de su proyecto.
La juramentación de Hernández Franks no resuelve ese choque ni puede interpretarse automáticamente como reconocimiento de una u otra posición.
Lo que sí evidencia es la persistencia de una controversia con implicaciones institucionales importantes para Honduras, Roatán, los residentes de Próspera, inversionistas y autoridades públicas.
El debate que deberá seguirse con especial atención no gira únicamente alrededor de quién ocupa la fiscalía civil de Próspera, sino sobre qué efectos concretos tiene cada actuación realizada bajo una estructura cuya base jurídica fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema.
Mientras esa tensión continúe produciendo actos institucionales concretos, las ZEDE seguirán siendo un tema jurídico, económico y político de relevancia nacional. —Redacción Bruce Villatoro CEO HonduPrensa.Com