Tegucigalpa, Honduras.- El déficit habitacional continúa siendo uno de los principales desafíos sociales de Honduras. Ante esta situación, el Consejo de Secretarios de Estado aprobó mediante un decreto PCM la Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos, con la que el Gobierno pretende establecer una ruta para ampliar el acceso a soluciones habitacionales.
La titular de la Secretaría de Vivienda y Asentamientos Humanos de Honduras (SEVIAH), Francis Argeñal, confirmó la aprobación de la iniciativa y explicó que su propósito es dar continuidad a las acciones destinadas a atender las necesidades de las familias que no cuentan con una vivienda adecuada.
Según la funcionaria, el país registra un déficit aproximado de 1.6 millones de viviendas, una brecha que no puede resolverse durante un solo período presidencial y que requiere la participación de instituciones públicas, empresas privadas y entidades financieras.
La dimensión del problema plantea dos necesidades diferentes: construir casas para los hogares que no disponen de una vivienda adecuada y mejorar aquellas que presentan deficiencias estructurales o carecen de condiciones apropiadas de habitabilidad.
Entre las metas habitacionales divulgadas por el Gobierno figura la construcción de aproximadamente 550,000 viviendas nuevas y la reparación o mejora de otras 750,000 durante un período de 15 años.
Familias de bajos ingresos entre las prioridades
El horizonte de 15 años supone que la ejecución deberá mantenerse durante distintas etapas de gobierno. Para ello, será necesario definir programas, establecer responsabilidades institucionales y garantizar recursos que permitan sostener los proyectos a lo largo del tiempo.
Sin embargo, las cifras anunciadas representan metas proyectadas y no resultados alcanzados. La información divulgada sobre la aprobación de la política no detalla cuántas viviendas se construirán o mejorarán cada año, ni establece un calendario completo de ejecución.
Argeñal indicó que el Gobierno trabajó durante aproximadamente nueve meses en la elaboración y adaptación de la estrategia a las condiciones del país.
La prioridad anunciada plantea el reto de establecer mecanismos que permitan identificar a los beneficiarios y determinar qué tipo de apoyo necesita cada familia.
Entre los aspectos que deberán precisarse figuran los requisitos para solicitar una vivienda, las condiciones de acceso a subsidios, los mecanismos de financiamiento y los criterios que se utilizarán para seleccionar a las personas beneficiadas.
Financiamiento e inversión privada clave
La política habitacional también busca generar condiciones para incrementar la participación del sector privado en la construcción de viviendas y facilitar el financiamiento de proyectos.
Argeñal sostuvo que la inseguridad jurídica y la falta de estabilidad que, a su juicio, afectaron al sector en años anteriores limitaron la inversión en el desarrollo habitacional.
Entre las iniciativas de financiamiento relacionadas con el sector se ha divulgado un programa respaldado por 400 millones de dólares aprobados por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), además de recursos nacionales anunciados para impulsar proyectos habitacionales.
La Secretaría de Vivienda sostiene que el problema habitacional requiere una respuesta que se mantenga más allá de una sola administración gubernamental.
El decreto PCM constituye el instrumento mediante el cual el Ejecutivo anunció la aprobación de la política, pero la información divulgada no incluye el texto íntegro del documento ni todos sus componentes técnicos.
¿Cómo se medirá el impacto de la política de vivienda?
Uno de los puntos fundamentales será establecer indicadores que permitan evaluar los resultados de la estrategia y conocer cuántas familias reciben efectivamente una solución habitacional.
Para ello, será necesario contar con información periódica sobre las viviendas construidas, los inmuebles reparados, los recursos ejecutados y la distribución territorial de los proyectos.
Por ahora, la aprobación de la Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos establece el marco anunciado por el Gobierno, pero todavía deben precisarse varios de los mecanismos necesarios para evaluar su ejecución.
Sin embargo, el alcance de la iniciativa dependerá de que las metas anunciadas se traduzcan en programas financiados, proyectos ejecutados y mecanismos de apoyo accesibles para la población.
Con un déficit estimado en 1.6 millones de viviendas y una proyección de intervención de 15 años, el desafío será sostener las inversiones y garantizar que las medidas respondan a las necesidades de los hogares con mayores dificultades para acceder a una casa. Con información de Infobae