El Congreso Nacional busca acuerdos con autoridades judiciales, fiscales, policiales y militares antes de discutir un paquete de reformas que incluye nuevas facultades operativas y un aumento de las condenas.
Tegucigalpa, Honduras | HonduPrensa.Com – La coordinación entre las instituciones de seguridad y justicia será el eje de una reunión convocada por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, para este martes a las 3:00 de la tarde en el Salón de Retratos del Poder Legislativo.
El encuentro busca consensuar reformas legales orientadas al combate del terrorismo y las maras y pandillas. De acuerdo con el anuncio del titular legislativo, la sesión parlamentaria está prevista para las 5:00 p. m., una vez concluido el espacio de diálogo institucional.
La convocatoria reúne a los máximos representantes de los órganos judiciales, el Ministerio Público, la Secretaría de Seguridad, la Policía Nacional, la Agencia Nacional Contra el Crimen, las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia.
El objetivo anunciado es articular la investigación, la persecución penal y los operativos contra estructuras criminales. La reunión también abre una discusión sobre los límites legales y las responsabilidades de cada institución cuando actúa de manera conjunta.
Plazos fiscales y operaciones conjuntas bajo discusión
Uno de los cambios planteados consiste en ampliar de 24 a 48 horas el plazo para presentar el requerimiento fiscal en los casos relacionados con personas detenidas por los delitos descritos en la propuesta.
La reforma también contempla permitir allanamientos sin orden judicial durante determinadas misiones coordinadas entre instituciones. Zambrano aseguró que estas intervenciones tendrían acompañamiento del Ministerio Público a través de un fiscal.
El presidente del Congreso rechazó que la iniciativa deba interpretarse como una autorización general para que la Policía ingrese a viviendas sin restricciones. Según su explicación, las actuaciones estarían vinculadas con objetivos identificados en lugares donde operen maras, pandillas y grupos considerados terroristas.
El alcance de esta disposición dependerá de las condiciones específicas que establezca la legislación. Las excepciones a la autorización judicial requieren especial claridad sobre sus supuestos, controles y mecanismos de responsabilidad.
Tatuajes y condenas: las disposiciones que generan atención
El paquete descrito por Zambrano incorpora el uso de tatuajes alusivos a maras y pandillas como elemento probatorio suficiente para presentar un requerimiento fiscal por asociación terrorista.
La diferencia entre presentar una acusación y demostrar culpabilidad resulta esencial. La redacción final deberá permitir determinar qué valor tendrá esa evidencia, cómo se evaluará en cada expediente y qué garantías procesales conservarán las personas investigadas.
En materia de sanciones, las reformas plantean elevar de 20 a 30 años las penas para miembros de asociaciones terroristas y de 30 a 40 años para sus cabecillas. También contemplan privación de libertad de por vida para quien asesine a un operador de justicia que esté combatiendo a esos grupos.
Las cifras corresponden a las modificaciones anunciadas y deberán contrastarse con el dictamen definitivo y la legislación vigente antes de establecer sus efectos jurídicos concretos.
El reto institucional: combatir el crimen con controles verificables
Zambrano afirmó que la iniciativa busca que el Congreso, el Gobierno y las instituciones responsables actúen de manera coordinada para recuperar la paz en Honduras.
La eficacia del paquete dependerá no solo de las facultades que se otorguen, sino también de la capacidad de las autoridades para aplicarlas con criterios uniformes, documentar los operativos y responder por eventuales irregularidades.
Para la ciudadanía, los puntos decisivos serán la protección de los barrios afectados por la criminalidad, la efectividad de las investigaciones y la certeza de que las actuaciones estatales se ajusten a la ley.
La siguiente etapa exige conocer el texto íntegro de las reformas, las observaciones formuladas por los operadores de justicia y las decisiones que adopte el pleno del Congreso Nacional. Hasta entonces, las medidas deben entenderse como propuestas anunciadas, no como disposiciones cuya vigencia haya quedado acreditada. —Redacción Bruce Villatoro CEO HonduPrensa.Com