La exrectora de la UNAH cuestiona la respuesta oficial a los problemas de empleo, energía, seguridad y salud, mientras crece la exigencia de transparencia sobre el uso de los recursos públicos.
Tegucigalpa, Honduras | HonduPrensa.Com – El Gobierno de Nasry Asfura llega a su noveno mes con una batería de preguntas sobre la mesa y una obligación que no puede eludir: explicar con evidencia qué está haciendo para resolver los problemas que afectan a los hondureños.
La socióloga Julieta Castellanos, exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), presentó el 27 de octubre de 2026 una evaluación crítica de la administración. Su documento examina cinco ámbitos en los que, a su juicio, persisten dificultades importantes: empleo, energía, seguridad, garantías ciudadanas y atención sanitaria.
El diagnóstico cuestiona la distancia entre las medidas anunciadas y los resultados que la población necesita comprobar. No se trata únicamente de discutir qué leyes se aprueban, sino de determinar qué problemas resuelven, cuánto cuestan y qué efectos producen.
Castellanos plantea una condición esencial para cualquier gobierno democrático: “En democracia, el gobierno además de resolver los problemas tiene que respetar y garantizar los derechos de las personas”.
La frase coloca al Ejecutivo ante dos obligaciones simultáneas: demostrar capacidad de respuesta y garantizar que el ejercicio del poder permanezca sujeto a la ley.
La política laboral necesita cifras, no únicamente anuncios
La Ley de Empleo Parcial constituye uno de los principales puntos de fricción en el balance. Según Castellanos, la medida no ha generado ni 200 nuevos empleos.
Si esa estimación se confirma con los registros oficiales, el resultado obligaría a revisar el alcance de la política y la capacidad de la normativa para atender las necesidades del mercado laboral.
El Gobierno debe informar cuántos puestos se crearon desde la entrada en vigor de la ley, cuántos trabajadores fueron contratados, qué condiciones laborales tienen y cuántas plazas continúan activas. También corresponde precisar qué iniciativas adicionales se han impulsado para ampliar las oportunidades.
El análisis vincula la falta de alternativas laborales con la vulnerabilidad de la juventud y recoge estimaciones de entre 937,588 y 960,000 hondureños de 12 a 30 años que no estudian ni trabajan. La cifra debe verificarse con su fuente original, definición y período estadístico.
No es suficiente presentar una normativa como respuesta al desempleo. El indicador decisivo es si mejora efectivamente el acceso al trabajo y si los resultados pueden medirse y sostenerse en el tiempo.
La ENEE y la obligación de explicar el costo de las decisiones
La crisis financiera de la ENEE obliga a examinar con rigor las decisiones del Gobierno. Castellanos cuestiona que el congelamiento de las tarifas eléctricas pueda considerarse una solución suficiente cuando persisten compromisos financieros y pérdidas de energía.
Su análisis menciona L13,227 millones en bonos para cubrir parcialmente obligaciones con generadores, una deuda heredada cifrada en L16,000 millones y un saldo pendiente de L7,400 millones. También recoge pérdidas técnicas y no técnicas superiores al 35 % de la producción.
Estas cifras deben verificarse con los documentos oficiales correspondientes, incluidos sus períodos de referencia y la composición de las obligaciones.
El debate tiene una dimensión presupuestaria: cuando una empresa estatal requiere financiamiento para cubrir sus compromisos, las autoridades deben explicar qué medidas reducirán las pérdidas, cómo evolucionará la deuda y qué resultados se esperan de la reorganización del sector.
La Ley de Justicia Energética sancionada en septiembre contempla cambios en la estructura de la ENEE y medidas orientadas a mejorar su funcionamiento. La prueba estará en su ejecución y en los indicadores que permitan evaluar sus efectos. <Cite refs={[«turn809933search2″,»turn809933search9»]}/>
HonduPrensa plantea preguntas que requieren respuestas documentadas: ¿cuánto se ha pagado a los generadores?, ¿qué saldo permanece pendiente?, ¿cómo evolucionan las pérdidas y qué metas concretas se han fijado para reducirlas?
Seguridad: el presupuesto debe traducirse en protección efectiva
Castellanos cuestiona la orientación de las medidas legislativas de seguridad y advierte que perseguir a operadores criminales no garantiza desmantelar las estructuras que organizan y sostienen los delitos.
El análisis enumera presupuestos para la CSJ, Defensa, Seguridad y el Ministerio Público, además de mencionar la Tasa de Seguridad y los recursos procedentes de bienes incautados.
Sin una comparación homogénea entre presupuesto, ejecución y resultados, no es posible determinar por sí solo la eficacia de cada institución. Pero sí existe una obligación pública de explicar qué se consigue con los recursos asignados y dónde persisten las deficiencias.
La evaluación también expresa preocupación por las disposiciones que podrían permitir allanamientos y capturas sin orden judicial. El alcance de estas facultades debe establecerse mediante la revisión de la normativa aplicable y de los controles previstos para proteger los derechos de los ciudadanos.
El Gobierno y el Congreso deben explicar cómo las medidas adoptadas mejorarán la seguridad, qué mecanismos impedirán abusos y qué estrategias permitirán investigar las estructuras criminales de mayor alcance.
Una política de seguridad no puede evaluarse solamente por las facultades que concede al Estado; también debe demostrar resultados y garantías efectivas para la ciudadanía.
Salud: pacientes en espera y responsabilidades pendientes
La paralización de servicios sanitarios constituye otro de los cuestionamientos más delicados del documento.
Castellanos recoge cifras de 1,500 cirugías y 52,000 consultas que habrían quedado sin atender durante siete semanas de huelga de brazos caídos. Los datos deben contrastarse con los registros de los centros médicos y de las autoridades competentes.
La dimensión ciudadana es inmediata: las personas que dependen de los hospitales públicos no siempre tienen recursos para buscar alternativas privadas, y la interrupción de una consulta o procedimiento puede comprometer la continuidad de su atención.
Por ello, la respuesta institucional debe ir más allá de explicar el conflicto. Es necesario conocer sus causas, los compromisos pendientes, las medidas de recuperación y la cantidad de pacientes que aún esperan atención.
El Gobierno debe publicar información sobre los servicios restablecidos y las medidas adoptadas para reducir la mora. También corresponde determinar las responsabilidades administrativas que procedan, respetando el debido proceso y sin atribuir culpabilidades sin evidencia.
Cinco preguntas que requieren respuestas oficiales
El balance de Castellanos permite establecer una agenda de seguimiento público para el Ejecutivo y las instituciones involucradas.
- Empleo: ¿cuántos puestos nuevos se han creado y cuántos continúan activos?
- Energía: ¿cuál es el estado actualizado de la deuda, los pagos y las pérdidas de la ENEE?
- Seguridad: ¿qué resultados verificables han producido los recursos y las medidas legislativas?
- Garantías ciudadanas: ¿qué controles protegen a la población frente a las facultades de las fuerzas de seguridad?
- Salud: ¿cuántas consultas y cirugías pendientes se recuperaron y cuántos pacientes continúan en espera?
El Ejecutivo tiene la responsabilidad de ofrecer su versión y respaldarla con documentos, indicadores y plazos. La publicación de datos comparables permitiría establecer si los cuestionamientos reflejan problemas persistentes, avances parciales o cambios que todavía no se han consolidado.
La rendición de cuentas no es una concesión del Gobierno ni una disputa entre adversarios políticos. Es una obligación institucional ante los contribuyentes y los ciudadanos que dependen de los servicios públicos.
A nueve meses de administración, la discusión debe pasar de las declaraciones a las pruebas. Honduras necesita conocer qué se ha cumplido, qué permanece pendiente y quién responde por las decisiones que afectan el empleo, la energía, la seguridad y la salud. —Redacción Bruce Villatoro CEO HonduPrensa.Com