El Congreso Nacional aprobó un mecanismo temporal para concentrar en la Cuenta Única del Tesoro los activos financieros administrados por la OABI. La disposición establece procedimientos de transferencia, contratación y restitución de recursos.
Tegucigalpa, Honduras | HonduPrensa.Com – El Congreso Nacional aprobó un nuevo instrumento legal para reorganizar el manejo de los activos financieros incautados en Honduras y facilitar su utilización por parte de las instituciones encargadas de la seguridad pública y la administración de justicia.
La disposición establece que el dinero en efectivo, depósitos bancarios, títulos valores, rendimientos financieros, intereses y otros productos de inversión bajo custodia de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) deberán trasladarse íntegramente a la Cuenta Única del Tesoro (CUT).
El alcance jurídico de la medida es particularmente relevante porque contempla recursos que todavía no cuentan con una sentencia firme de privación definitiva del dominio o decomiso.
¿Qué establece el nuevo mecanismo aprobado por el Congreso?
El decreto responde a una iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo mediante el oficio C123-2026, remitido por el secretario de la Presidencia, Juan Carlos García, el 28 de septiembre de 2026.
La propuesta fue aprobada el 5 de noviembre con dispensa de un debate, a solicitud de la vicepresidenta del Legislativo, Tania Pinto.
La normativa establece la centralización financiera como mecanismo para facilitar la posterior distribución de los recursos entre las entidades responsables de las operaciones de seguridad, investigación y justicia.
La Secretaría de Finanzas (Sefin), en coordinación con la OABI y las instituciones financieras correspondientes, tendrá un plazo de 30 días después de la entrada en vigencia del decreto para ejecutar el traslado.
Los recursos deberán permanecer debidamente identificados, condición relevante para mantener la trazabilidad de los activos y atender eventuales órdenes judiciales de restitución.
Instituciones beneficiarias y procedimientos de contratación
El mecanismo contempla a siete instituciones públicas vinculadas con la seguridad y la persecución penal:
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Secretaría de Defensa.
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Secretaría de Seguridad.
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Ministerio Público.
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Poder Judicial.
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Oficina Administradora de Bienes Incautados.
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Dirección Nacional de Inteligencia e Investigación.
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Agencia Nacional Contra el Crimen.
La diputada Tania Pinto explicó que los organismos podrán utilizar procedimientos sustitutivos de contratación para adquirir bienes y contratar obras y servicios destinados al fortalecimiento de sus operaciones.
La disposición exige que las entidades beneficiarias asuman las responsabilidades correspondientes en materia de rendición de cuentas.
Este aspecto será determinante para evaluar la implementación de la normativa, particularmente en lo relacionado con los controles administrativos y la justificación del gasto.
Debido proceso y restitución de los recursos
La utilización anticipada de activos financieros introduce un desafío jurídico que requiere especial atención: conciliar las necesidades presupuestarias de las instituciones de seguridad con las garantías de propiedad, defensa y presunción de inocencia.
Durante el debate legislativo, el diputado Marco Ramiro Lobo advirtió sobre la necesidad de proteger los derechos de las personas cuyos bienes permanecen sujetos a procesos judiciales.
El presidente del Congreso, Tomás Zambrano, defendió la disposición y señaló que la intervención de la Secretaría de Finanzas permitirá garantizar la restitución de los recursos cuando los tribunales determinen que corresponde devolverlos.
El decreto contempla la restitución íntegra de los activos financieros, dentro del plazo de tres meses previsto, cuando exista una resolución judicial que así lo ordene.
Asimismo, excluye expresamente los fondos incautados en el caso Koriun Inversiones.
La implementación del mecanismo exigirá vigilancia institucional sobre tres aspectos esenciales: identificación de los activos, legalidad de las transferencias y fiscalización de las contrataciones. Su aplicación deberá demostrar que el fortalecimiento de la seguridad puede avanzar sin debilitar las garantías del Estado de derecho. —Redacción Bruce Villatoro CEO HonduPrensa.Com