El Consejo Nacional Electoral promueve una mesa de trabajo especializada para examinar cambios al sistema democrático hondureño. El proceso legislativo deberá diferenciar las reformas ordinarias de aquellas que exigen una mayoría constitucional de 86 votos.
Tegucigalpa, Honduras | HonduPrensa.Com – La agenda de reformas electorales en Honduras entra en una etapa de discusión institucional, mientras el Consejo Nacional Electoral (CNE) plantea la formalización de una mesa técnica que permita examinar las iniciativas presentadas por diferentes sectores de la sociedad.
La presidenta del organismo, Aixa Zelaya, ha señalado la importancia de incorporar criterios técnicos al debate sobre las disposiciones que regulan la organización, administración y desarrollo de las elecciones.
El planteamiento contempla la evaluación de 87 propuestas ciudadanas que incluyen modificaciones de carácter institucional, mecanismos de transparencia, participación política, transmisión de resultados y fortalecimiento de las garantías electorales.
Según la información comunicada sobre esta nueva etapa, existe la expectativa de formalizar el espacio técnico hacia finales de noviembre o durante la primera semana de diciembre. Esa previsión requiere todavía una confirmación oficial sobre su instalación.
El Congreso recibió las propuestas en septiembre de 2026
El 21 de septiembre de 2026, organizaciones integrantes de la Mesa de Propuestas de Reformas Electorales presentaron al Congreso Nacional un documento compuesto por 87 iniciativas distribuidas en cinco bloques temáticos.
La propuesta fue recibida por representantes de la Comisión de Asuntos Electorales del Poder Legislativo y se incorporó al conjunto de iniciativas que deben ser evaluadas por esa instancia.
El Congreso informó que este documento se sumó a otros planteamientos de reforma, entre ellos uno promovido por el presidente legislativo, Tomás Zambrano, y otro elaborado por exconsejeros del organismo electoral.
Esta circunstancia configura un debate con diferentes propuestas que requieren revisión jurídica, comparación de objetivos y análisis de sus efectos sobre el funcionamiento institucional.
Entre las organizaciones participantes figuran el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y otras entidades académicas y sociales.
El trabajo contó con acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ONU Mujeres, según la información publicada por el Congreso Nacional.
La existencia de varias propuestas legislativas hace necesario identificar coincidencias, diferencias normativas y posibles contradicciones antes de formular dictámenes.
Las reformas constitucionales requieren 86 votos
Uno de los elementos centrales del debate es el procedimiento jurídico que deberá seguir cada modificación planteada.
No todas las reformas electorales necesitan una modificación constitucional. Algunas podrían realizarse mediante cambios a leyes ordinarias, mientras otras inciden en disposiciones contenidas en la Constitución de la República.
El artículo 373 establece que una reforma constitucional debe aprobarse en sesiones ordinarias del Congreso Nacional con el respaldo de dos tercios de la totalidad de sus miembros.
En el Congreso hondureño, integrado por 128 diputados, esa mayoría equivale a 86 votos favorables.
La misma disposición exige que el decreto de reforma sea ratificado por la siguiente legislatura ordinaria, también con dos tercios de los votos, para que pueda entrar en vigencia.
Este requisito implica que los consensos legislativos no solamente son relevantes durante la aprobación inicial, sino también en la etapa de ratificación constitucional.
Además, las propuestas deberán examinarse considerando los límites establecidos por el artículo 374 de la Constitución, que protege determinadas disposiciones frente a modificaciones.
La distinción entre estos procedimientos es fundamental para evitar confundir una propuesta presentada con una norma aprobada y vigente.
Transparencia electoral, TREP y financiamiento bajo análisis
Las propuestas de la sociedad civil incorporan asuntos relacionados con el fortalecimiento de los organismos electorales, el control de los recursos de campaña y la organización de las votaciones.
Uno de los temas señalados por Zelaya es el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), cuya revisión podría abordar mecanismos de confiabilidad y divulgación de la información durante los comicios.
También se plantea fortalecer la transparencia del financiamiento político, un componente necesario para examinar cómo se documentan, supervisan y fiscalizan los recursos destinados a las actividades partidarias.
Otra línea de discusión corresponde a la participación de las mujeres en la vida política y a las disposiciones orientadas a prevenir expresiones de violencia durante los procesos electorales.
A estas iniciativas se agregan planteamientos de inclusión para personas con discapacidad y pueblos indígenas y afrodescendientes, con atención a las condiciones necesarias para ejercer sus derechos.
En el ámbito administrativo también se ha señalado la importancia de considerar los recursos presupuestarios destinados a las elecciones.
La evaluación de cualquier modificación que implique nuevas obligaciones institucionales tendría que considerar su costo, el tiempo de implementación y las capacidades operativas existentes.
Una mesa técnica no sustituye la aprobación legislativa
El CNE puede aportar experiencia sobre procedimientos de votación, logística electoral, transmisión de información y funcionamiento de los órganos responsables de organizar los comicios.
Sin embargo, las recomendaciones que surjan de una mesa especializada no sustituyen las competencias del Congreso Nacional.
El Poder Legislativo deberá determinar el tratamiento correspondiente a los distintos proyectos, mientras las autoridades electorales podrán contribuir con análisis técnicos dentro del ámbito de sus atribuciones.
La Comisión de Asuntos Electorales ya había sostenido reuniones con representantes de organizaciones de la sociedad civil durante octubre, como parte del examen de las propuestas presentadas.
El seguimiento institucional deberá permitir establecer si los planteamientos se convierten en dictámenes, iniciativas consolidadas o proyectos sometidos a votación.
La transparencia del procedimiento será tan importante como el contenido de las reformas. La publicación de documentos, convocatorias y decisiones ofrecerá elementos verificables para el seguimiento ciudadano.
HonduPrensa.Com mantendrá la atención sobre el cumplimiento de los requisitos legales, la actuación de las autoridades y los acuerdos que puedan alcanzarse dentro del Congreso Nacional. —Redacción Bruce Villatoro CEO HonduPrensa.Com