Congreso reforma cuatro leyes ante riesgos de lavado en HondurasCongreso reforma cuatro leyes ante riesgos de lavado en Honduras

El paquete legislativo reorganiza el marco nacional de prevención financiera, amplía las obligaciones de supervisión y modifica los procedimientos de privación de dominio. Su eficacia dependerá de la capacidad institucional para aplicar las nuevas disposiciones.

Tegucigalpa, Honduras | HonduPrensa.Com – La aprobación de un extenso paquete de reformas contra el lavado de activos coloca a Honduras frente a una nueva etapa de modernización normativa, supervisión financiera y exigencias de cumplimiento internacional.

El Congreso Nacional concluyó el martes 17 de noviembre de 2026 el tercer y último debate de modificaciones legislativas orientadas a fortalecer la prevención, detección, investigación y persecución de operaciones financieras de origen ilícito.

La decisión responde al propósito de armonizar la legislación hondureña con estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y las recomendaciones impulsadas en América Latina mediante el Gafilat.

El documento aprobado, de 80 páginas, contiene siete apartados relacionados con cuatro instrumentos legales que regulan actividades financieras, profesiones no financieras, privación de dominio y funcionamiento del sistema bancario.

La comisión especial de dictamen, presidida por el diputado Mario Pérez, incorporó observaciones presentadas durante las reuniones de trabajo y las distintas etapas de discusión parlamentaria.

Cuatro normativas concentran la nueva arquitectura antilavado

La primera legislación intervenida es la Ley Especial contra el Lavado de Activos, Decreto 144-2014, que incorpora cambios en 29 artículos y nuevas disposiciones dirigidas a fortalecer la prevención y supervisión financiera.

El segundo instrumento es la Ley para la Regulación de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas, Decreto 131-2014, cuyo contenido se modifica para actualizar obligaciones de determinados sectores profesionales y comerciales.

También se reforma la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, Decreto 27-2010, mediante disposiciones que buscan fortalecer el tratamiento judicial y administrativo de los bienes sujetos a investigación.

El paquete comprende, además, modificaciones a la Ley del Sistema Financiero, Decreto 129-2004, completando una intervención legislativa que alcanza diferentes componentes del marco institucional hondureño.

La amplitud de los cambios obliga a examinar no solamente las nuevas facultades de las autoridades, sino también los límites legales que deben impedir decisiones arbitrarias o restricciones desproporcionadas.

GAFI, banca corresponsal y el riesgo de una evaluación desfavorable

Uno de los principales argumentos utilizados durante el debate fue la necesidad de proteger las relaciones del sistema bancario hondureño con las instituciones financieras internacionales.

El diputado liberal Marlon Lara advirtió que mantener deficiencias relevantes en la legislación antilavado podría comprometer las relaciones de los bancos nacionales con sus corresponsales en el exterior.

La denominada lista gris del GAFI identifica jurisdicciones sometidas a mayor seguimiento por deficiencias estratégicas en sus sistemas de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

La inclusión de Honduras en ese mecanismo no constituye una consecuencia automática de la existencia de vacíos legales. Depende de procesos de evaluación internacional y del desempeño real de los mecanismos institucionales.

Precisamente, el comisionado de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Gustavo Solórzano, señaló el 18 de noviembre que la aprobación legislativa representa un avance, pero no garantiza evitar la lista gris.

La advertencia introduce una distinción fundamental: cumplir formalmente con estándares legales no equivale a demostrar resultados efectivos en supervisión, inteligencia financiera, investigaciones y persecución de delitos.

De acuerdo con las declaraciones del comisionado, Honduras deberá acreditar la aplicación práctica de sus instrumentos durante el proceso de evaluación internacional que culminaría en diciembre de 2027.

El reto trasciende al Congreso Nacional y exige coordinación del Ministerio Público, autoridades supervisoras, instituciones financieras y demás organismos relacionados con la prevención del delito.

Nuevos controles para activos virtuales y actividades no financieras

La modificación de la Ley Especial contra el Lavado de Activos introduce un capítulo específico para los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, conocidos por las siglas PSAV.

La creación del Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (Repsav) establece una herramienta para identificar y supervisar a las empresas que operan o pretenden operar en el territorio hondureño.

Esta regulación contempla obligaciones de identificación, verificación y trazabilidad de operaciones, con el propósito de reducir las posibilidades de utilizar plataformas digitales para ocultar fondos ilícitos.

En paralelo, la reforma incorpora mecanismos orientados a impedir que entidades financieras excluyan automáticamente a clientes por tener reportes de operaciones sospechosas o la condición de Persona Expuesta Políticamente.

El nuevo enfoque exige gestionar los riesgos de manera individual, sin desconocer las responsabilidades que conservan los bancos y otras entidades obligadas a realizar controles de debida diligencia.

Respecto de las profesiones no financieras, las modificaciones comprenden a abogados, notarios y contadores cuando desarrollen determinadas operaciones corporativas o financieras contempladas en la regulación.

También se amplían controles relacionados con actividades inmobiliarias y comerciales, incluidas operaciones de compraventa de vehículos, sectores que pueden presentar riesgos de utilización para el movimiento de capitales ilícitos.

Las disposiciones deberán aplicarse respetando los límites de las obligaciones profesionales, la confidencialidad legalmente protegida y los procedimientos que correspondan a cada actividad regulada.

Privación de dominio: garantías procesales bajo examen público

La reforma de 12 artículos relacionados con la privación definitiva de dominio introduce medidas orientadas a corregir problemas en el aseguramiento, administración y conservación de activos investigados.

Uno de los asuntos considerados es la situación de los inmuebles destinados a vivienda familiar, para los cuales se establece un tratamiento cautelar específico cuando no constituyan el lugar de comisión de la actividad delictiva.

El decreto también dispone que las autoridades judiciales deberán privilegiar medidas razonables y menos restrictivas para los afectados, siempre que permitan asegurar los fines legítimos de la investigación.

La protección de terceros de buena fe y las obligaciones probatorias del Ministerio Público fueron parte de la discusión parlamentaria, particularmente de las observaciones expuestas por el diputado Marco Ramiro Lobo.

Aunque el legislador reconoció avances en esas garantías, también manifestó objeciones sobre determinadas disposiciones y sus posibles consecuencias para los derechos de personas sometidas a procedimientos patrimoniales.

Las diferencias expresadas durante el debate evidencian la necesidad de examinar cuidadosamente el texto definitivo, su coherencia constitucional y los mecanismos efectivos de revisión judicial.

Otro cambio relevante eleva de 10,000 a 15,000 dólares el monto obligatorio de declaración en aduanas para el transporte transfronterizo de dinero, disposición cuyo alcance generó interrogantes legislativas.

El decreto deberá completar los trámites correspondientes para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, a partir de la cual se determinará su aplicación conforme a las disposiciones de vigencia.

La aprobación de reformas debe ser acompañada por reglamentos claros, supervisión independiente, formación de operadores de justicia y mecanismos públicos de evaluación institucional.

La fortaleza del sistema antilavado no se medirá únicamente por la extensión de sus leyes, sino por la capacidad para detectar operaciones ilícitas, sostener investigaciones y respetar las garantías constitucionales.

HonduPrensa.Com mantendrá especial atención al desarrollo reglamentario, la implementación de los nuevos registros, las evaluaciones internacionales y los resultados verificables que presenten las instituciones hondureñas. —Redacción Bruce Villatoro CEO HonduPrensa.Com

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