Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, cuestionó con firmeza el reciente allanamiento realizado por el Ministerio Público en la vivienda del general en condición de retiro, Romeo Vásquez Velásquez, al asegurar que no existía una orden judicial escrita, lo cual califica como un “pésimo precedente” para el Estado de derecho.
“Estamos ante un posible abuso de autoridad por parte del Ministerio Público. Hay que preguntarse con claridad: ¿qué artículo constitucional se protegía con este procedimiento? El artículo 99 establece que el domicilio es inviolable, salvo en casos excepcionales contemplados en la ley”, declaró Solórzano.
El abogado explicó que solo en situaciones muy específicas, como lo contempla el artículo 212 del Código Procesal Penal, se pueden realizar allanamientos sin orden judicial. Según él, estas condiciones no se cumplieron.
¿Estado de excepción o extralimitación?
Solórzano también desmintió que el procedimiento pueda justificarse bajo el estado de excepción: “Algunos sostienen que se actuó bajo el marco del estado de excepción. Sin embargo, ese régimen concluyó el 19 de mayo y no ha sido prorrogado ni ratificado por el Congreso Nacional. Por tanto, no puede ampararse legalmente este allanamiento”.
Preocupación por un precedente peligroso
El líder del CAH expresó una fuerte preocupación por la posibilidad de que este tipo de acciones se normalicen en futuras investigaciones: “Lo peligroso es que se institucionalice el irrespeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Si esto se vuelve costumbre, estaríamos frente a un serio retroceso democrático”.
¿Justicia o persecución política?
Finalmente, el abogado indicó que el caso de Vásquez Velásquez podría tener implicaciones más allá del ámbito jurídico: “Todo apunta a que el caso tiene una fuerte carga política. Es lamentable que se utilicen herramientas legales con fines políticos. Esto debilita la institucionalidad del país y genera desconfianza ciudadana”. Redacción Martha C.C.