El Congreso Nacional de Honduras atraviesa una profunda crisis de estancamiento en la discusión y aprobación del Presupuesto General de la República 2025, lo que pone en serio riesgo la correcta asignación de recursos esenciales para el funcionamiento del país. Sin consensos claros entre las bancadas y con la cuarta legislatura a punto de instalarse el 25 de enero, la posibilidad de aprobar el presupuesto dentro del plazo establecido se desvanecerá rápidamente.
En medio de un panorama político complejo, las negociaciones entre las diferentes fuerzas políticas continúan sin avances significativos. A pesar de los intentos de diálogo, las divergencias ideológicas entre los principales actores políticos han obstaculizado la consecución de acuerdos. Juan Barahona, miembro del gobernante partido Libertad y Refundación (LIBRE), ha destacado la falta de voluntad política de algunos sectores para llegar a un consenso que permita la aprobación del presupuesto. La situación se complica aún más debido a la crítica que Merary Díaz, del Partido Nacional, ha lanzado respecto a la baja ejecución del presupuesto del 2024, lo cual ha generado un ambiente de desconfianza y malestar entre las partes involucradas.
A la par de este conflicto, desde el Partido Liberal se ha exigido una reformulación profunda del proyecto presupuestario, con el objetivo de ajustarlo a las prioridades nacionales. La reforma no solo busca optimizar el uso de los recursos, sino también garantizar que los fondos sean destinados de manera eficiente a áreas clave como salud, educación e infraestructura. La falta de una visión compartida sobre cómo gestionar los fondos públicos es uno de los obstáculos más difíciles de superar, lo que deja a muchos hondureños con incertidumbre sobre el futuro económico del país.
Por otro lado, el Comité Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) ha urgido a las autoridades legislativas a discutir y aprobar el presupuesto, enfatizando su relevancia no solo para el funcionamiento del gobierno, sino también para la organización de las elecciones primarias y generales de 2025. La presión por cumplir con los plazos electorales es una de las principales razones que subrayan la urgencia de llegar a un acuerdo, pues el presupuesto es vital para garantizar la logística electoral y la seguridad de los comicios que se llevarán a cabo en el transcurso del año.
El Congreso Nacional, que se enfrenta a un tiempo limitado, ha convocado una nueva reunión de la Junta Directiva este lunes, con la esperanza de avanzar en las negociaciones antes de la instalación de la nueva legislatura el 25 de enero. Esta reunión podría ser un punto de inflexión, ya que se buscará establecer las bases para desbloquear el debate sobre el presupuesto y determinar si será necesario convocar una sesión ordinaria en los días siguientes para seguir discutiendo el tema.
El presupuesto prorrogado de 2024 sigue siendo la base financiera sobre la cual se está operando, pero esto implica que el país continúa funcionando con un presupuesto desfasado. Este presupuesto prorrogado de L407,137.5 millones no refleja las necesidades actuales del país ni se ajusta a las nuevas prioridades que han surgido debido a los cambios sociales, económicos y políticos. La prolongación de esta situación pone en riesgo la capacidad del gobierno para ejecutar políticas públicas efectivas, lo que podría afectar de manera negativa la prestación de servicios públicos esenciales como la salud, la educación y la seguridad.
No existe una fecha legal específica para la aprobación del presupuesto, sin embargo, lo habitual es que este se apruebe antes del inicio del nuevo año fiscal para garantizar una asignación adecuada de recursos desde el primer día del año. En este contexto, si el presupuesto no se aprueba antes del 25 de enero, es probable que las discusiones se prolonguen, lo que podría afectar seriamente la planificación y ejecución de políticas públicas y servicios esenciales en el país.
De continuar el estancamiento y no llegar a un acuerdo dentro de la próxima semana, los efectos podrían ser graves para el bienestar de los ciudadanos. Las propuestas de desarrollo social y las inversiones en infraestructura se verían congeladas, mientras que las entidades gubernamentales seguirían operando con un presupuesto que no se ajusta a las exigencias del momento.
Es vital que las autoridades legislativas y ejecutivas logren encontrar un terreno común para resolver esta crisis y aprobar el presupuesto antes del 25 de enero. La incertidumbre sobre la aprobación del presupuesto representa una amenaza para la estabilidad del país, y sus repercusiones se sentirán en los próximos meses si no se llega a un acuerdo satisfactorio. Redacción Bruce Villatoro CEO HonduPrensa.Com