Tegucigalpa, Honduras.- Este jueves entra en vigencia el artículo 229, 232 y 233 de la Ley Electoral, los cuales regulan estrictamente el uso de los medios de comunicación del Estado con fines de propaganda electoral. Estas reformas buscan garantizar la imparcialidad del Estado en el proceso electoral y frenar el uso de recursos públicos para fines partidistas. Las nuevas disposiciones también incluyen la suspensión de publicidad estatal y la prohibición de que funcionarios públicos realicen proselitismo durante su horario laboral.
El artículo 229 establece que los funcionarios públicos que violen estas normas serán destituidos de sus cargos y enfrentarán sanciones económicas que van desde 20 hasta 100 salarios mínimos. Esta medida se aplica como un fuerte mensaje para evitar el uso indebido de las posiciones de poder en beneficio de intereses políticos. El objetivo es mantener un ambiente electoral justo y transparente, libre de manipulaciones por parte de quienes ocupan cargos públicos.
Por otro lado, el artículo 232 aclara que, durante el periodo de propaganda electoral y hasta la conclusión de las elecciones, solo será permitida la promoción institucional del gobierno central, los otros poderes del Estado, los entes descentralizados y las corporaciones municipales. Este artículo prohíbe que la imagen, voz, nombre o firma de cualquier funcionario o candidato político sea utilizada en estos medios. El fin de esta medida es evitar el uso de recursos del Estado para favorecer a algún partido o aspirante.
El artículo 233 refuerza la prohibición a los funcionarios públicos de participar en actividades políticas durante su jornada laboral. Además, les prohíbe usar su cargo, recursos o influencias para beneficiar a cualquier candidato o partido político. Esta disposición pretende evitar que se utilicen los medios e influencias del Estado para realizar proselitismo político.
Una de las medidas más destacadas de la reforma es la prohibición de inaugurar obras públicas y su difusión en los medios de comunicación en los 60 días previos a las elecciones generales y primarias. Este artículo busca evitar que actos de gobierno sean utilizados como propaganda electoral. En caso de violar esta norma, se impondrá una multa equivalente al doble del salario mensual del infractor, como una medida disuasoria de malas prácticas.
En cumplimiento con la nueva ley electoral, el secretario de la Presidencia, Héctor Zelaya Castro, anunció a través de la red social X que todas las inauguraciones de obras públicas quedan suspendidas por un período de 60 días. Además, solicitó a las comunidades y funcionarios públicos que reprogramen estas actividades para después del 10 de marzo, una vez concluido el período de prohibiciones. Esto subraya la voluntad del gobierno de adherirse a la normativa y garantizar que las elecciones se realicen sin interferencias externas.
Con estas reformas, se busca asegurar que las elecciones se desarrollen de manera limpia y transparente, evitando el uso de recursos públicos para influir en los votantes. Estas medidas no solo regulan el comportamiento de los funcionarios públicos, sino también contribuyen a la confianza de la ciudadanía en el proceso electoral. Redacción Bruce Villatoro CEO QuienOpina.Com
