Tegucigalpa, Honduras.- El caso que sacude el escenario político nacional entra en fase crítica tras la decisión judicial que coloca a la diputada Isis Cuéllar bajo arresto domiciliario, en medio de un proceso por 67 delitos de fraude ligados al escándalo de presunto desvío de fondos públicos en el expediente conocido como caso “Chequesol”. La resolución del juez natural no solo marca un giro legal, también abre un fuerte debate ciudadano sobre transparencia, responsabilidad pública además de control institucional.
Durante la audiencia de imputados comparecieron junto a la congresista Luis Manuel Fernández García, Jennifer Nazareth Martínez Suazo, José Manuel Cerrato Villanueva, Eliud Reiniery Aguilar Pineda además de Rossy Yanira Ramírez Gonzales, quienes recibieron la misma medida cautelar. Según informó el vocero del Poder Judicial, Carlos Silva, la determinación busca garantizar la presencia de los señalados en las próximas etapas del proceso, incluida la audiencia inicial.
La diputada enfrenta, además, la suspensión inmediata de su cargo, prohibición de salir del país, restricción de comunicación con otros implicados además de contacto con instituciones vinculadas al caso. La medida genera impacto directo en el Congreso Nacional, donde su curul podrá ser ocupada por un suplente mientras avance el proceso judicial. El juez también declaró sin lugar recursos presentados por su defensa contra la suspensión del cargo.
El Ministerio Público fundamentó su solicitud en la gravedad de los hechos investigados, el riesgo de obstrucción a la justicia además de indicios de participación en una estructura que presuntamente drenó recursos asignados a programas de desarrollo económico además de social, principalmente en Copán. Ninguno de los imputados solicitó rendición de cauciones.
Entre otros procesados que ya cumplen arresto domiciliario figuran Casandra Gáleas Arias, Fabricio Solórzano, Ilsy Valeska Baquedano Mejía, Iris Paola Pérez Moreno además de José Carlos Cardona. Las investigaciones apuntan a presuntas irregularidades en la emisión además de cobro de cheques del Fondo de Administración Solidaria, mecanismo mediante el cual recursos estatales no habrían llegado a sus destinatarios finales.
La audiencia inicial quedó programada para el viernes 6 de febrero a las 9:00 a.m., una cita clave que definirá el rumbo del proceso. El caso se convierte en termómetro social sobre la lucha contra la corrupción, el uso de recursos públicos además de la credibilidad institucional. Redacción Wendoly V.V.