Tegucigalpa, Honduras | HonduPrensa.Com – La advertencia fue frontal, incómoda y políticamente explosiva: “Estamos en números rojos”. Así resumió el presidente Nasry Asfura el estado actual de las finanzas públicas de Honduras, durante una visita a San Pedro Sula, donde reconoció que el Gobierno enfrenta una presión financiera sin precedentes causada por demandas judiciales, embargos y obligaciones acumuladas que ya golpean la Cuenta Única del Estado.
Según detalló, las demandas y embargos en curso superan los 3,380 millones de lempiras, un monto que, en la práctica, está drenando recursos que deberían destinarse a inversión, mantenimiento de servicios públicos y programas sociales. La declaración no solo sacudió al ámbito político, sino que se convirtió en una alarma para el sector económico: un Estado embargado es un Estado paralizado.
El presidente explicó que estas acciones legales acumuladas generan una presión constante que obliga al Gobierno a tomar decisiones inmediatas. Y lo dijo con una frase que marca un antes y un después: “Estamos en números rojos que fueron cargados y que ahora necesitamos ver cómo lo cumplimos”.
En el centro del mensaje presidencial se colocó un tema altamente polémico: las demandas laborales. Asfura denunció que muchas son “injustas” porque obligan al Estado no solo a reintegrar empleados, sino a pagar salarios caídos y ajustes salariales acumulados por años, incluso en periodos en los que, según dijo, el trabajador no prestó servicios.
El mandatario sostuvo que en múltiples casos el problema se agrava porque los procesos judiciales duran demasiado tiempo, acumulando pagos y obligaciones. Mencionó que existen demandas que tardan tres, cuatro, cinco, seis o siete años, y que al final se convierten en pagos millonarios que el Estado termina absorbiendo.
La declaración, por su crudeza, abrió una discusión inevitable: ¿está el Estado pagando justicia o pagando un sistema que se volvió una máquina de extracción financiera?
En respuesta a esta crisis, Asfura informó que su administración ya presentó una iniciativa ante la Corte Suprema de Justicia, mediante una comisión integrada por el vicepresidente del Banco Central de Honduras, Saúl Montes; el procurador general, Dagoberto Aspra; y el ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, buscando respaldo institucional para ordenar el manejo de estas obligaciones.
Pero el panorama es aún más amplio. El presidente también confirmó que Honduras arrastra una deuda de aproximadamente 17 mil millones de lempiras, compromisos que deben ser pagados. “Debemos 17 mil millones y hay que pagarlos”, afirmó, insistiendo en que su administración no se instalará en la queja, sino en la acción.
“No vamos a ver para atrás y ponerse a llorar y quejarse… es ver adelante y resolver”, dijo, en un mensaje que busca proyectar determinación, pero que también revela la presión real: el país está caminando sobre una cuerda floja fiscal.
Durante su visita a San Pedro Sula, Asfura sostuvo un encuentro con directivos de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, donde abordó temas como seguridad jurídica, inversión privada y reactivación productiva. En ese escenario, el Gobierno intentó enviar un mensaje al sector empresarial: Honduras necesita confianza, pero esa confianza no existe sin orden financiero.
El presidente anunció además la creación de una comisión para revisar los aranceles del 10% y 25%, con el objetivo de acelerar acuerdos y permitir al país competir en igualdad de condiciones con la región.
En el plano internacional, adelantó que el próximo 7 de marzo sostendrá una reunión en Washington con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, un encuentro que, según indicó, podría abrir oportunidades estratégicas en materia económica y comercial.
Pero el país se quedó con una frase y una inquietud: si Honduras está en rojo, ¿quién pagará la factura?
SOLUCIONES QUE PROPONEMOS DESDE HONDU PRENSA.COM (ENFOQUE FIRME, DE ESTADO Y PRO-CIUDADANO)
En HonduPrensa.Com, sostenemos que esta crisis no se resuelve con discursos ni comisiones simbólicas. Se resuelve con medidas estructurales y transparencia radical. Estas son soluciones concretas:
-
Plan Nacional Anti-Embargos: evitar que el Estado sea paralizado, renegociando pagos con mecanismos legales y cronogramas públicos.
-
Unidad Especial de Defensa del Estado con abogados de alto nivel, seleccionados por meritocracia y con metas medibles.
-
Reforma procesal para reducir tiempos judiciales y evitar litigios interminables que inflan salarios caídos.
-
Transparencia total: publicación mensual de demandas, pagos, montos, instituciones afectadas y beneficiarios.
-
Pacto fiscal por la estabilidad: un acuerdo nacional con sector privado, sociedad civil y academia para evitar que el ajuste caiga sobre la gente.
Honduras no puede seguir financiando el desorden. Si el país está en rojo, la salida debe ser firme, legal y con resultados visibles.–Redacción Bruce Villatoro CEO HonduPrensa.Com