Tegucigalpa, Honduras.- La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), mediante el Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC), presentó ante el Ministerio Público una denuncia para que se investigue el manejo del Fondo de Administración Solidaria, administrado durante el período 2023-2025.
La organización sostiene que podrían existir posibles irregularidades en la aprobación, ejecución y liquidación de recursos públicos, por lo que solicitó a la Fiscalía determinar si se cometieron delitos y establecer responsabilidades.
De acuerdo con la denuncia, los diputados gestionaron L1,837,349,701.14 mediante la línea presupuestaria 449, una partida de carácter discrecional administrada por la Secretaría de Finanzas (SEFIN).
ASJ señala que dicha línea presupuestaria está contemplada para atender obligaciones relacionadas con convenios de préstamo, avales y situaciones de emergencia provocadas por desastres naturales o calamidad pública. Sin embargo, según la organización, los fondos fueron utilizados para financiar actividades como becas, obras sociales, canchas deportivas e infraestructura menor.
Solicitan revisar decisiones tomadas entre 2023 y 2025
La denuncia pide al Ministerio Público iniciar las investigaciones correspondientes y requerir a SEFIN copias certificadas de las resoluciones relacionadas con la aprobación y asignación de los recursos durante los años 2023, 2024 y 2025.
Los fondos estuvieron vinculados a instituciones como SEDESOL, FHIS, SIT, CONDEPOR, FOSEDE, EDUCRÉDITO y la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización.
Uno de los puntos señalados por ASJ corresponde al programa de cupones alimenticios. Según la denuncia, BANASUPRO habría canjeado 199,701 cupones por L187,567,800, pero solamente el 37 % de ese monto habría sido liquidado.
La organización también cuestiona el manejo de L110,130,000 destinados a becas. ASJ asegura que tuvo dificultades para verificar la liquidación de estos recursos debido a un acuerdo de confidencialidad suscrito entre BANADESA y SEDESOL, el cual, según su interpretación, limitaría el acceso a información pública.
ASJ cuestiona falta de rendición de cuentas
Otro de los principales señalamientos está relacionado con la ausencia de informes de liquidación de los fondos ejecutados.
La denuncia sostiene que las instituciones involucradas no habrían presentado los informes requeridos por la legislación. Además, ASJ afirma que SEFIN confirmó la ausencia de documentación correspondiente a SEDESOL y la Secretaría de Gobernación, mientras el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) tampoco habría encontrado registros de esos informes para el período 2023-2025.
Según la organización, SEDESOL reconoció que existen fondos ejecutados que permanecen sin liquidar y manifestó desconocer el procedimiento que debía seguir para completar ese proceso.
¿Fondos públicos con criterios políticos?
ASJ considera que la forma en que fueron asignados los recursos podría indicar que la distribución respondió a gestiones individuales de diputados y no a criterios técnicos previamente establecidos.
La organización sostiene que esta modalidad pudo convertir los beneficios en una herramienta de proyección política individual, especialmente durante el período previo a las elecciones generales.
No obstante, será responsabilidad de las autoridades competentes determinar si existieron irregularidades o delitos y establecer las responsabilidades correspondientes.
ASJ pidió al Ministerio Público investigar a los diputados que gestionaron el Fondo de Administración Solidaria entre 2023 y 2025 y aplicar las sanciones que correspondan si se comprueba alguna conducta ilícita.
La organización advirtió que el manejo de recursos públicos sin suficientes controles, criterios técnicos ni mecanismos de rendición de cuentas puede afectar la transparencia y aumentar la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones. Redacción Wendoly V