Tegucigalpa, Honduras.- La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) ha solicitado al Ministerio Público que se inicie una investigación sobre el uso de fondos en diversas secretarías gubernamentales, además de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), donde ya se han detectado posibles irregularidades. Según Carlos Aguilar, director de Transparencia de la ASJ, es crucial que se investigue también a otras entidades como el Sistema de Inversión de los Trabajadores (SIT) y el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS).

«En Sedesol hablamos de una de las siete secretarías, pero necesitamos saber qué pasó en otras como la SIT y el FHIS,» expresó Aguilar, quien señaló que las secretarías mencionadas manejan en conjunto cerca de tres mil millones de lempiras, de los cuales casi 800 millones de lempiras corresponden solo a Sedesol.

Una Auditoría Urgente

La ASJ considera urgente una auditoría especial y forense para revisar el uso de estos fondos, una tarea que corresponde al Tribunal Superior de Cuentas (TSC). Aguilar enfatizó que el pueblo hondureño tiene derecho a saber qué ocurrió con los casi tres mil millones de lempiras asignados para proyectos sociales. «Necesitamos respuestas claras sobre el destino de esos recursos,» afirmó.

Investigación sobre Diputados Involucrados

Además, la ASJ hizo un llamado a que se investigue el listado de 79 diputados involucrados en el manejo de estos fondos, de los cuales 71 pertenecen al partido de gobierno. Aguilar destacó que, tanto diputados propietarios como suplentes, deben ser investigados para esclarecer si los fondos fueron correctamente liquidados y utilizados con fines legítimos.

«Este es un tema de corrupción que debe ser abordado con seriedad. Los fondos públicos deben ser fiscalizados y cualquier irregularidad debe ser sancionada,» agregó el director de Transparencia de la ASJ.

Llamado a la Acción

Con estas declaraciones, la ASJ insta al Ministerio Público y al Tribunal Superior de Cuentas a realizar las investigaciones necesarias, recordando que los fondos destinados a proyectos sociales son un derecho de todos los hondureños y no deben ser malversados. «Es hora de que los responsables rindan cuentas,» concluyó Aguilar. Redacción Wendoly V.V.

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