Tegucigalpa, Honduras.- Una auditoría interna en el Sistema Nacional de Emergencias 911 destapó un escenario que estremece la gestión pública: triplicación de planilla sin respaldo presupuestario, expedientes sin trazabilidad clara, personal sin relación contractual válida, deterioro operativo que compromete la misión esencial de salvar vidas.
La revisión ejecutada por la Comisión de Transición reveló que entre 2022 a 2025 la nómina creció de forma acelerada, pese a carecer de fondos asignados. La administración saliente habría intentado incorporar nuevas plazas bajo el Régimen de Servicio Civil, aun cuando la Secretaría de Finanzas rechazó una modificación presupuestaria solicitada por no contar con disponibilidad real.
El diagnóstico institucional describe una distorsión administrativa alarmante: documentos oficiales reflejaban una planilla inflada, pero la verificación “in situ” mostró una presencia física de trabajadores considerablemente menor. Esta brecha no fortaleció el servicio; por el contrario, derivó en decadencia operativa, deterioro de instalaciones, fallas en administración de recursos, vulneración de información sensible de la ciudadanía.
Según el informe preliminar, se identificaron expedientes sin trazabilidad documentada, además de personas que prestaban servicios sin una relación contractual vigente. La situación, advierte la nueva administración, contraviene el artículo 368 de la Constitución de la República de Honduras, así como disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto, tomando en cuenta que el Estado opera bajo el Presupuesto General 2025 prorrogado.
El impacto no es menor. Cuando una entidad diseñada para responder en segundos enfrenta fracturas internas, el riesgo no es solo financiero: es humano. Cada llamada sin atención eficiente, cada segundo perdido, puede marcar la diferencia entre vida o tragedia.
“Es imperativo reorientar la gestión para rescatar el propósito fundamental de la institución: SALVAR VIDAS”, expresó la administración actual, al anunciar que todas las irregularidades detectadas serán trasladadas a las autoridades competentes para deducir responsabilidades por el presunto manejo indebido de recursos públicos. Redacción Wendoly.V.V.