Tegucigalpa, Honduras.- El subjefe de la bancada del Partido Nacional, Nelson Márquez, fue capturado este martes por agentes de la Policía Nacional, tras ser señalado por su presunta implicación en un megacaso de corrupción que habría drenado más de tres mil millones de lempiras del Estado hondureño. Así lo confirmó el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez.
La acción forma parte de una serie de detenciones ordenadas por el Ministerio Público en un amplio requerimiento fiscal contra exfuncionarios, abogados y jueces, entre ellos el juez Raymundo Gradiz, y los abogados Juan Fernando Madrid Lezama y Caronte Rojas Zavala.
El expediente se remonta a la época en la que Márquez se desempeñó como titular de la extinta Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas). Las investigaciones señalan que él, junto a otros implicados, facilitó pagos ilegales amparados en un laudo arbitral fraudulento, nunca homologado por la Corte Suprema de Justicia, y que sirvió como base para demandas millonarias contra el Estado hondureño.
También se señala como implicados a la excoordinadora del gobierno, Martha Doblado, la exdirectora legal de Sedecoas, Eva María Vásquez Villanueva, el apoderado legal de la empresa NAINSA, y el representante legal de DRC Inc., Murray Paul Palmer.
El origen del caso se remonta al año 2000, cuando tras el paso del huracán Mitch, Honduras adjudicó un contrato a la empresa estadounidense DRC Inc., que subcontrató a NAINSA sin autorización legal. Años después, ambas compañías impulsaron demandas basadas en un laudo inválido, lo que derivó en pagos multimillonarios al margen del marco legal.
En enero de 2020, ya como secretario de Sedecoas, Márquez recomendó por escrito a la Procuraduría General firmar un acuerdo ejecutivo para evitar una «erogación mayor», a pesar de conocer que el laudo era nulo.
Un mes más tarde, Sedecoas firmó un convenio extrajudicial con NAINSA que autorizó pagos ilegales. En 2022, el juez Raymundo Gradiz admitió una nueva demanda basada en el mismo laudo inexistente, y los jueces involucrados continuaron dictando resoluciones de pago al margen de la ley.
Incluso se documentó que el entonces funcionario de la Procuraduría General, Héctor Alvarado Mejía, no se presentó a una audiencia clave, justificando su ausencia con un certificado médico que luego fue declarado falso por el laboratorio correspondiente.
El caso ha provocado un sismo político y judicial en el país, al involucrar a altos perfiles del ámbito político, legal y empresarial, y podría convertirse en uno de los procesos anticorrupción más emblemáticos de la última década. Redacción Laura Valladares
