Tegucigalpa, Honduras | HonduPrensa.Com – La aprobación de la Ley de Reactivación Económica marca uno de los movimientos políticos más determinantes de los últimos años, otorgando al Ejecutivo facultades extraordinarias para ejecutar una transformación estructural del aparato estatal, orientada a reducir el gasto público, optimizar recursos y fortalecer la sostenibilidad financiera nacional.
El Congreso Nacional avaló la normativa tras intensas jornadas de debate que expusieron la fragilidad fiscal del país y la urgencia de corregir un modelo administrativo caracterizado por instituciones duplicadas, crecimiento desordenado del empleo público y baja eficiencia operativa.
La ley permite procesos de fusión institucional, supresión administrativa y reducción de personal, siempre bajo justificación presupuestaria o eficiencia organizacional. Sin embargo, el legislador liberal Jorge Cálix enfatizó que el marco legal mantiene intactas las garantías laborales, estableciendo que todo despido deberá estar plenamente fundamentado conforme al ordenamiento jurídico hondureño.
Dentro del análisis legislativo, el diputado Yuri Sabas destacó que las modificaciones introducidas aseguran que la normativa respete el Código del Trabajo, evitando conflictos legales masivos que históricamente han generado millonarias condenas judiciales contra el Estado.
El enfrentamiento político alcanzó su punto más alto cuando sectores oficialistas alertaron sobre impactos sociales derivados del ajuste estatal. El intercambio dejó al descubierto el dilema nacional: reducir el tamaño del Estado sin deteriorar la estabilidad laboral ni los servicios públicos esenciales.
El artículo 5 introduce una herramienta clave para la estabilidad financiera: la autorización a la Procuraduría General de la República para realizar conciliaciones judiciales estratégicas, permitiendo resolver conflictos antes de escalar a tribunales internacionales que podrían comprometer recursos millonarios del país.
Desde HonduPrensa.Com, consideramos que la verdadera reactivación económica exige acompañar la reforma con modernización tecnológica del Estado. Proponemos implementar un Gobierno Digital Integrado, eliminando trámites presenciales, evaluando desempeño institucional mediante inteligencia artificial y transparentando nóminas públicas para erradicar plazas fantasmas.
El país enfrenta ahora un momento decisivo donde la ejecución será más importante que la aprobación legislativa. La ciudadanía observará si la reestructuración estatal se convierte en motor de desarrollo o en detonante de nuevas tensiones sociales.
Honduras inicia una etapa donde eficiencia, transparencia y responsabilidad política definirán el rumbo económico de la próxima década. —Redacción Bruce Villatoro CEO HonduPrensa.Com