Tegucigalpa, Honduras.- Una cifra golpea la conciencia colectiva, sacude la calma pública, enciende alerta social: la violencia contra mujeres mantiene a Honduras frente a una crisis profunda, persistente, con raíces en la debilidad institucional e histórica impunidad, según expuso la representante de la organización 100 Mujeres Más, María Angélica Milla, en un pronunciamiento que reabre el debate nacional sobre la falta de respuesta estatal efectiva.
La defensora describió un escenario donde el dolor se repite, el miedo se hereda, la justicia no llega, en un ciclo que se consolida ante la fragilidad de cada fase del proceso legal. La activista detalló que la ruta crítica de la violencia de género atraviesa tres fases decisivas: denuncia, investigación e judicialización, pero advirtió que estas estructuras operan con limitaciones severas, lo que deja a miles de víctimas sin protección real.
El dato que estremece: cerca del 95 % de los casos no recibe castigo, una realidad que, según Milla, envía un mensaje devastador a agresores, instala temor en hogares, refuerza silencio en comunidades, sin importar la administración de turno. Para romper este patrón, la defensora planteó medidas urgentes: más presupuesto público, incremento de jueces especializados, más fiscales capacitados, creación de tribunales específicos que permitan procesos más ágiles, eficaces, centrados en la protección de víctimas.
Recordó que este tema rara vez ocupa el centro de la agenda estatal, pese a su impacto directo en la vida, la libertad, la dignidad de millones. En este contexto, destacó la función estratégica de la Secretaría de la Mujer en la formulación de políticas públicas, aunque cuestionó la falta de dirección integral, conducción firme, capacidad operativa que permita resultados tangibles.
Diversas defensoras de derechos humanos solicitaron al presidente Nasry Asfura designar una persona idónea al frente de esa institución, con perfil técnico, compromiso probado, visión clara para enfrentar esta crisis estructural. Milla recordó que las mujeres superan el 50 % de la población nacional, un dato que transforma esta problemática en un asunto de país, no de sector.
Sin acceso real a justicia, sin protección efectiva, sin instituciones sólidas, Honduras no logrará avances sustanciales en la lucha contra la violencia basada en género. El llamado no solo interpela al poder, también convoca a ciudadanía, sector legal, comunidad internacional: ¿seguirá la impunidad marcando el destino de miles, o llegará una respuesta firme que cambie esta historia? Redacción Wendoly V.V.