Tegucigalpa, Honduras | HonduPrensa.Com – La disputa entre FEPSA y Classic Fruit Company dejó de ser un diferendo comercial para convertirse en una alerta roja dentro de la agroindustria regional. El expediente tiene todos los elementos de una crisis mayor: reclamos millonarios, una máquina clave retenida, denuncias penales en Honduras y Guatemala, nombres propios señalados, una conciliación sin salida, socios comerciales bajo observación y una certificación Fair Trade puesta contra la pared por el silencio.
La fuerza del caso radica en que no gira alrededor de una sola factura ni de una mala interpretación contractual. FEPSA plantea que existió una retención no autorizada de equipo propio y obligaciones comerciales impagas dentro de una relación empresarial que, en sus inicios, había sido diseñada para fortalecer exportaciones de melón hacia mercados de alta exigencia como Europa, Japón y Medio Oriente. Lo que nació como una alianza de expansión terminó, según la empresa denunciante, convertido en un proceso de choque legal con impacto internacional.
En el centro del conflicto aparece la máquina BRIX, descrita como un equipo óptico avanzado indispensable para el control de calidad. FEPSA indica que compró ese sistema por USD 328,869 y que fue entregado para uso operacional en Guatemala. Sin embargo, subraya que el equipo continuó siendo propiedad de FEPSA y que jamás fue cedido en forma definitiva. La empresa afirma que, pese a los reclamos, la máquina siguió retenida.
La dimensión económica del reclamo, según FEPSA, no se limita al precio de la máquina BRIX. La empresa sostiene que el perjuicio incorpora el valor del equipo, intereses, contratos perdidos por lucro cesante, reclamos vinculados con Japón y costas procesales. Bajo esa lectura, dejar el caso en una cifra cercana a USD 2 millones resultaría bajo frente a la magnitud del daño alegado.
Ese punto concentra la mayor temperatura del caso. Según la narrativa expuesta por FEPSA, Paul Raggio, principal de Classic Fruit Company, habría comunicado por escrito que la máquina sería retenida como garantía mientras la disputa no se resolviera. Lo delicado de esa afirmación no es solo el contenido, sino el entorno legal en el que se sitúa: FEPSA remarca que no existe resolución judicial que autorice dicha retención. En términos prácticos, la empresa hondureña presenta ese acto como la columna vertebral de su ofensiva judicial.
El conflicto escaló en Honduras y Guatemala. En territorio hondureño, FEPSA promovió una denuncia penal por apropiación indebida, identificada como Denuncia No. 4852. En Guatemala, abrió otro frente ante el Ministerio Público, en un expediente recibido formalmente en la Oficina de Atención Permanente. La idea que se repite en todo el caso es contundente: dos países, un mismo equipo, un mismo núcleo de reclamos, un mismo perjuicio denunciado.
En Honduras, la parte civil del reclamo se ubica, según la tesis de FEPSA, en aproximadamente USD 4.3 millones, con una proyección acumulada por siete años que ya rondaría los USD 8 millones más costas. En la vía penal de Guatemala, la denuncia incorpora el lucro cesante, lo que eleva el monto reclamado por encima de los USD 15 millones, una cifra que coloca el expediente en una zona de alto impacto económico y jurídico.
La denuncia en Guatemala menciona a Classic Guatemala, S.A., a Fernando García Salas Rivera como gerente general y representante legal, a Paul Raggio como principal de Classic Fruit Company, y a Domingo Castro como operador comercial vinculado al esquema de transacciones. La empresa hondureña hace ver que la controversia ya no se mueve en el terreno ambiguo de percepciones comerciales, sino en un expediente con personas y entidades claramente individualizadas.
El soporte legal del caso también muestra el nivel de formalidad que ha adquirido la disputa. FEPSA está representada en Guatemala por el bufete ECIJA, con la participación de Edson Ovidio López Ortiz, Andrea Isabel Miranda Mijangos, José Pablo Francisco Mérida Alvarado y Werner Rodrigo Zacarias Estupe. La presencia de esa estructura jurídica evidencia que la empresa no busca solo presionar; busca sostener su ofensiva con estrategia legal en una jurisdicción distinta a la hondureña.
La conciliación fue el momento que pudo desactivar la crisis. Pero terminó amplificándola. Ambas partes acudieron ante el Ministerio Público. El encuentro se realizó. Las posturas se escucharon. El desenlace, no obstante, fue tajante: no hubo acuerdo. El acta levantada por la autoridad dejó constancia de que las posiciones no coincidieron y que el conflicto siguió abierto. El dato más fuerte para FEPSA es que la máquina BRIX no fue retornada. Para la empresa, ese hecho mantiene vivo el perjuicio.
Desde la perspectiva reputacional, ese fracaso pesa demasiado. En el mundo de los negocios, una conciliación sin resultados en un caso de esta naturaleza no solo prolonga el litigio; también dispara una señal de advertencia sobre la capacidad real de las partes para resolver un conflicto de alto valor sin dañar de forma irreversible su imagen pública.
El caso se vuelve todavía más delicado cuando se examina la exposición de Classic Fruit en espacios de la industria. El material compartido sugiere una red de visibilidad pública que involucra promociones sectoriales, referencias en Fresh Plaza, actividad profesional en LinkedIn y menciones ligadas a PRO*ACT. La pregunta de fondo ya no es solo legal. Es reputacional: ¿cómo procesa la industria un caso así mientras continúan circulando mensajes de liderazgo, calidad y confianza?
A eso se suma el ruido alrededor de Westside Produce y de su presidente S. Garrett Patricio, asociados dentro del entorno público y comercial que rodea a Classic Fruit y Classic Guatemala. En medio del expediente, la interrogante de la diligencia debida adquiere fuerza: si existían reclamos documentados y una controversia en desarrollo, ¿qué revisión hicieron quienes mantuvieron cercanía o respaldo promocional dentro de la cadena?
Otro frente de enorme sensibilidad es el de Fair Trade USA. Classic Fruit utiliza esa certificación como carta de presentación de valores: ética, trato responsable, buenas prácticas y compromiso social. Pero una certificación no solo sirve para adornar discursos corporativos; debe resistir el examen cuando surge una crisis. FEPSA ha impulsado preguntas que golpean directamente a ese sello: si el organismo conocía el caso, si sus estándares contemplan revisión o suspensión bajo este tipo de escenarios y si existe un proceso eficaz para escuchar a socios que denuncian conducta financiera impropia.
La ausencia de respuesta agrava la percepción de opacidad. En un mercado donde la etiqueta Fair Trade opera como sinónimo de confianza, cada silencio institucional puede convertirse en una fisura reputacional. Los compradores internacionales no solo compran fruta. Compran un relato de cumplimiento, responsabilidad y transparencia. Si ese relato entra en contradicción con un expediente de esta magnitud, entonces la credibilidad general entra bajo prueba.
FEPSA sostiene que ha documentado el caso con una base amplia: 46 transferencias bancarias certificadas por FICOHSA, un reconocimiento de deuda notariado con apostilla, correos electrónicos, comunicaciones por escrito, fotografías de la máquina instalada y en operación, además de denuncias, recibos y ampliaciones presentadas ante autoridad competente. Esa secuencia documental refuerza la idea que la empresa intenta proyectar: el caso no descansa en un discurso inflamado, sino en un expediente que pretende demostrar trazabilidad y consistencia.
El fondo del conflicto, sin embargo, va mucho más allá de una máquina y de un desacuerdo financiero. Aquí chocan confianza empresarial, cumplimiento contractual, control reputacional, certificación ética, debida diligencia y credibilidad del sistema comercial agrícola regional. Por eso el caso ya no se mide solo por lo que ocurra en los tribunales. También se mide por la forma en que la industria reaccione frente a una controversia que erosiona la narrativa de responsabilidad corporativa.
La frase que mejor resume el momento es brutal pero precisa: la justicia seguirá su curso, pero la reputación ya entró en crisis. Classic Fruit enfrenta presión legal y presión pública. Fair Trade USA enfrenta preguntas incómodas sobre la solidez real de su sello. Los socios del entorno comercial quedan bajo examen por su conducta de vigilancia. FEPSA, por su parte, insiste en que agotó el diálogo y que lo que busca es recuperar lo que considera legítimamente adeudado.
El desenlace todavía está abierto. Los tribunales decidirán. Pero el daño reputacional ya está en movimiento. Y cuando una industria vive de confianza, cada día de silencio pesa como una admisión de fragilidad.
Este caso ya no pertenece solo a un expediente. Pertenece a la discusión pública sobre transparencia, responsabilidad y credibilidad. La agroindustria regional tiene ante sí una prueba incómoda: demostrar que sus valores existen también cuando la crisis golpea. —Redacción Bruce Villatoro CEO HonduPrensa.Com