Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) encendió las alarmas tras la reciente reforma aprobada por el Congreso Nacional al artículo 3 transitorio del Decreto Legislativo 282-2010, al advertir que el cambio no representa un simple ajuste técnico, sino una modificación que impacta la arquitectura constitucional del Poder Judicial.
En un pronunciamiento de alto contenido jurídico, el CNA sostuvo que, aunque la disposición posee carácter transitorio, reguló provisionalmente el ejercicio de competencias administrativas mientras se instalaba el Consejo de la Judicatura como parte del rediseño constitucional aprobado en 2010, ratificado en 2011. Para la organización, alterar ese engranaje incide directamente en la distribución constitucional de atribuciones, un terreno que demanda rigor extremo.
El núcleo de la controversia radica en que el Legislativo tramitó la modificación como reforma ordinaria, sin aplicar el procedimiento agravado que exige la Constitución de Honduras para reformas constitucionales, el cual obliga a ratificación en la siguiente legislatura. Según el CNA, ese detalle no es menor: redefine competencias internas del sistema judicial.
La reforma retira facultades administrativas a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando, especialmente en materia de nombramientos, traslados, cancelaciones dentro del Poder Judicial. Este punto ha generado intenso debate en círculos jurídicos, políticos, académicos, pues toca fibras sensibles relacionadas con la independencia judicial.
El CNA advirtió que el precedente podría abrir espacio a impugnaciones constitucionales, elevando la incertidumbre jurídica en un momento clave para la estabilidad institucional. Además, subrayó un escenario complejo: la propia Corte Suprema podría verse obligada a pronunciarse sobre una reforma que afecta su propia estructura.
En el trasfondo permanece un tema pendiente desde 2016: la aprobación de una nueva Ley del Consejo de la Judicatura, luego de que la normativa anterior fuera declarada inconstitucional. Para el CNA, el verdadero fortalecimiento institucional exige cumplir integralmente el mandato constitucional, no realizar ajustes fragmentados sobre disposiciones transitorias.
La organización instó al Congreso a impulsar un debate técnico, amplio, participativo, orientado a restablecer los contrapesos internos del Poder Judicial mediante una legislación robusta que reactive plenamente el Consejo de la Judicatura. Recalcó que la Constitución no admite reformas indirectas que alteren las reglas que delimitan el ejercicio del poder del Estado. Redacción Wendoly.V.V.