Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) ha dado un paso contundente al presentar una denuncia contra dos jueces que presuntamente favorecieron con amnistía a exfuncionarios del gobierno del expresidente Manuel Zelaya Rosales. Los jueces, según la denuncia interpuesta ante el Ministerio Público, habrían aplicado de manera indebida el Decreto 04-2022, generando una controversia por el uso de esta normativa.
Uso Abusivo de la Amnistía: Gabriela Castellanos, directora del CNA, manifestó que el decreto fue diseñado para perdonar delitos comunes y políticos, no aquellos vinculados a la administración pública. Sin embargo, varios jueces utilizaron esta herramienta para favorecer a personas cercanas a Zelaya y a la actual administración de la presidenta Xiomara Castro. Según Castellanos, esto evidencia un claro patrón de impunidad y un mal uso del marco legal.
Beneficios para los Aliados: La denuncia del CNA apunta directamente a casos donde los jueces de la Corte Suprema de Justicia aplicaron el decreto para proteger a figuras como Marcelo Chimirri, cercano al actual gobierno. Aunque Chimirri no ostenta un cargo público de alto perfil, sigue siendo un aliado político influyente. Este caso pone en tela de juicio la independencia judicial, sugiriendo que la justicia en Honduras se aplica de forma selectiva para proteger a aliados del gobierno.
Alegatos de Persecución Política: Los acusados, en su defensa, alegaron persecución política tras el golpe de Estado de 2009, argumento que los jueces consideraron válidos para otorgarles la amnistía. No obstante, el CNA sostiene que esta defensa es un pretexto para evadir la verdadera responsabilidad por delitos vinculados a su función pública. Castellanos enfatiza que estos procesos están contaminados por intereses políticos que buscan garantizar la impunidad.
Complicidad del Congreso: Castellanos criticó al Congreso Nacional, al señalar que con la aprobación de leyes como el Decreto 04-2022 y el Decreto 117-2019, los legisladores han otorgado una «llave maestra» para la impunidad. Estos decretos, según Castellanos, permiten a los funcionarios eludir la justicia y protegerse ante cualquier investigación, perpetuando un sistema donde los poderosos se escapan de la rendición de cuentas.
Justicia Selectiva y Arreglos Políticos: La denuncia del CNA acusa a los jueces de impartir una justicia selectiva, basada en argumentos débiles y en favor de los intereses políticos. Este tipo de acciones, asegura Castellanos, abren la puerta a futuras amnistías y envían un mensaje de que los arreglos políticos están por encima de la justicia. Esta situación representa un golpe al sistema judicial hondureño y a la lucha contra la corrupción en el país. Redacción QuienOpina.Com
