El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) lanzó una denuncia contundente contra la opacidad con que se han manejado los recursos de la llamada Tasa de Seguridad Poblacional, que en teoría debía servir para garantizar la protección ciudadana, pero que en la práctica —según el ente anticorrupción— se convirtió en una caja negra de dinero público.
De acuerdo con el CNA, entre 2022 y 2025 esta tasa recaudó más de 16 mil 133 millones de lempiras, con una fuente principal: la contribución sobre transacciones financieras, que representa un abrumador 96% del total. El resto proviene de rubros como telefonía móvil, minería, casinos y cooperativas. Sin embargo, lo grave es que no existe información pública sobre cómo se ha gastado un solo centavo.
La denuncia es aún más alarmante cuando se recuerda que en 2022 se ordenó la liquidación del fideicomiso, pero a la fecha el proceso sigue inconcluso. El dinero debía ingresar a la Cuenta Única del Tesoro (CUT), pero hasta diciembre de 2024 apenas se habían transferido 768.97 millones de lempiras, mientras que las deudas con proveedores alcanzaban 240 millones y con los bancos 1,924 millones.
El CNA enfatiza que, lejos de frenarse, la Tasa de Seguridad continúa generando ingresos a un ritmo superior al de años anteriores, lo que agrava la sospecha de que este mecanismo, administrado por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), opera bajo una peligrosa red de discrecionalidad, opacidad y cero rendición de cuentas.
Con un lenguaje directo, el CNA advierte que estos recursos públicos —justificados bajo la bandera de atender “necesidades urgentes”— fueron desviados hacia un sistema de recaudación millonario sin rostro y sin control, alimentando lo que denominan fondos fantasmas, que hoy representan una amenaza latente para la estabilidad financiera y la credibilidad institucional del país.
El mensaje del CNA es claro: Honduras no puede seguir tolerando un esquema de corrupción institucionalizada disfrazada de seguridad nacional. Redacción Wendoly V.V.