El COHEP se opone a la centralización de más de mil 300 millones de lempiras del INFOP, calificando la reforma como inconstitucional y una amenaza para la educación profesional en Honduras.
📢 Empresas privadas defienden su aporte a la educación
El COHEP argumenta que los fondos del INFOP, que ascienden a 1,381 millones de lempiras, provienen exclusivamente de las contribuciones del sector privado y están destinados a la capacitación profesional de los hondureños. La reforma impulsada por el Ejecutivo viola la Ley Orgánica del INFOP, la Constitución de la República y la autonomía de las instituciones descentralizadas, según los artículos 140, 260, 261, 262, 267, 268 y 269.
📌 Puntos clave de la oposición del COHEP:
- No se puede trasladar dinero de una institución descentralizada a la Caja Única del Estado.
- La aprobación de la reforma se realizó sin el quórum oficial y en un proceso irregular.
- La iniciativa no fue votada por los representantes del sector privado en el Consejo Directivo del INFOP.
- Cualquier reforma transitoria no puede modificar una ley orgánica o la Constitución.
🏛️ Congreso Nacional bajo presión para revertir la reforma
El COHEP ha solicitado formalmente a Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, modificar el artículo 47 de las disposiciones generales del Presupuesto, el cual permite la transferencia de los fondos del INFOP. La medida ha sido duramente criticada por diputados de oposición y sectores productivos, quienes advierten que podría provocar el deterioro del sistema de formación profesional en el país.
🔹 Además de la controversia por el control financiero, el INFOP enfrenta una huelga y un conflicto interno entre su director y el sindicato, lo que ha paralizado sus actividades educativas. Este escenario aumenta la preocupación sobre el futuro de la formación técnica en Honduras.
📢 Llamado a la acción del sector empresarial
El COHEP ha advertido que seguirá utilizando todos los mecanismos legales para evitar que los fondos empresariales sean manejados por el Gobierno. Asimismo, insiste en que la reforma aprobada incurre en responsabilidad administrativa, civil y penal, por lo que exige una pronta corrección. Redacción Laura Valladares.
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