Tegucigalpa, Honduras. En un análisis impactante presentado ayer, Armando Urtecho , director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) , reveló que el 64% de las exoneraciones fiscales están dirigidas a la canasta básica y a la energía eléctrica, mientras que solo un 23% se destina a actividades industriales ya la generación de empleo.
Este estudio, respaldado por datos del Banco Central de Honduras (BCH) y del Servicio de Administración de Rentas (SAR) , plantea serias dudas sobre la eficiencia de la Ley de Justicia Tributaria.
Urtecho criticó la falta de transparencia en el discurso oficial, afirmando que «no se dice la verdad sobre el impacto de estas medidas en la población«. “Lo que buscan es aumentar los precios de la canasta básica, afectando a alimentos esenciales como el pollo, el arroz y los frijoles”, indicó. Su declaración resalta la preocupación del sector privado sobre las implicaciones de eliminar las exoneraciones, lo que podría resultar en un mayor empobrecimiento de la ciudadanía.
Según el informe, de ese 64.5% en beneficios para la población , un 57% se destina a la canasta básica, lo que evidencia la dependencia de la población en estos subsidios. “Se ha cuestionado la idea de que las exoneraciones son un favor del sector empresarial. Es crucial que los diputados comprendan las consecuencias de sus decisiones”, enfatizó Urtecho, instalando un debate más informado sobre la legislación fiscal.
Además, el director del Cohep argumentó que el sector privado no está interesado en empobrecer a la gente. Por el contrario, están en búsqueda de más oportunidades de empleo y un entorno de seguridad jurídica. Urtecho cuestionó la falta de estudios que respalden la propuesta del gobierno, conocida como el «trancazo tributario». “No he escuchado a ningún diputado pidiendo evidencias sobre los beneficios económicos que esta ley traerá al Estado”, expresó con preocupación.
Finalmente, Armando Urtecho hizo un llamado a la administración gubernamental para que reduzca el gasto innecesario , argumentando que esta acción podría abrir nuevas oportunidades para el desarrollo económico y social de la población. “La reducción del gasto es vital para mejorar las condiciones de vida de los hondureños”, concluyó.
Con estos datos y declaraciones, el debate sobre la Ley de Justicia Tributaria se intensifica, planteando interrogantes sobre su verdadero impacto en el bienestar de los ciudadanos y el futuro económico del país. Redacción Laura Valladares.