El proceso contra 14 exfuncionarios pone en el centro del debate la legalidad de las actuaciones de la Comisión Permanente durante la legislatura 2022-2026. La investigación exige claridad sobre las facultades ejercidas, los documentos cuestionados y la participación atribuida a cada señalado.
Tegucigalpa, Honduras | HonduPrensa.Com – Las decisiones de una institución pública no se vuelven incuestionables por haber sido adoptadas desde el Congreso Nacional. Ese es el fondo del debate que ahora alcanza a antiguos integrantes de la Comisión Permanente, incluidos en un requerimiento fiscal por presuntas irregularidades durante el período legislativo 2022-2026.
El Ministerio Público dirige el proceso contra 14 exfuncionarios, entre ellos el expresidente legislativo Luis Redondo y el exgerente de ENAG, Edis Moncada. La audiencia de declaración de imputados prevista para este jueves 29 de octubre abre una nueva etapa para examinar los señalamientos ante la justicia.
El caso plantea una exigencia elemental para cualquier democracia: que las decisiones adoptadas en nombre de las instituciones puedan explicarse, documentarse y someterse al control de la ley.
Las facultades públicas no son un cheque en blanco
Los delitos atribuidos por la Fiscalía incluyen usurpación de funciones públicas, violación de los deberes de los funcionarios, falsificación de documentos públicos y perturbación ilícita contra el funcionamiento de las instituciones.
Cada imputación debe analizarse por separado. La autoridad judicial tendrá que examinar los hechos que se atribuyen a cada persona, mientras el Ministerio Público deberá fundamentar sus señalamientos y las defensas podrán presentar sus argumentos.
Pero hay preguntas que no pueden quedar fuera del escrutinio público: ¿qué actuaciones concretas se cuestionan?, ¿cuál era el fundamento legal invocado?, ¿qué documentos sustentan las decisiones?, ¿quién participó en cada actuación y bajo qué responsabilidad?
No son preguntas partidarias. Son preguntas sobre el funcionamiento del Estado y el uso de las atribuciones públicas.
Redondo y Moncada: la situación procesal debe aclararse
Según la información facilitada, Luis Redondo tiene una orden de captura y no figura entre quienes solicitaron comparecer voluntariamente. En cuanto a Edis Moncada, también se reporta una orden de captura, seguida de una comunicación de su defensa sobre la intención de presentarlo voluntariamente.
Las autoridades competentes deben precisar la situación actual de ambos mediante información oficial. No es correcto confundir la existencia de una orden de captura con una condena, ni presentar como ejecutada una medida cuya situación no se haya confirmado.
La misma exigencia de precisión debe aplicarse a los restantes señalados. La información proporcionada incluye a Hugo Noé Pino, Luz Angélica Smith, Carlos Raudales, Karen Martínez, Fabricio Sandoval, Juan Barahona, Silvia Ayala, Osman Chávez, Kritza Pérez, Linda Donaire, Scherly Arriaga y Edgardo Casaña.
La responsabilidad institucional exige respuestas verificables
La audiencia no resolverá automáticamente todas las interrogantes sobre la Comisión Permanente. Su función procesal es avanzar en la comunicación formal de los cargos y en la determinación de las medidas correspondientes conforme a derecho.
Sin embargo, el expediente exige que la discusión pública abandone las generalidades y se concentre en hechos comprobables. Si las decisiones fueron legales, corresponde que los argumentos y documentos pertinentes permitan sostenerlo. Si la Fiscalía considera que hubo infracciones, le compete demostrar los elementos de sus acusaciones.
La responsabilidad tampoco puede atribuirse en bloque a todos los integrantes por el simple hecho de haber pertenecido a una misma instancia. Cada conducta requiere prueba y valoración individual.
La ciudadanía no necesita condenas anticipadas: necesita saber qué ocurrió, qué está documentado y qué resolverán los tribunales. La independencia judicial, la transparencia y el derecho de defensa deben ser condiciones irrenunciables.
HonduPrensa dará seguimiento a las resoluciones oficiales, las explicaciones de los involucrados y las actuaciones del Ministerio Público. El escrutinio no debe detenerse ante los nombres, los cargos que ocuparon ni las posiciones políticas de quienes aparecen en el expediente. —Redacción Allan Cerrato.