Tegucigalpa, Honduras.- La niñez hondureña vive una alerta silenciosa que golpea conciencia colectiva. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) lanzó un llamado firme a autoridades para activar protocolos de protección, fortalecer políticas públicas e impulsar entornos seguros en familia, escuela e entorno comunitario, en un país donde el 36.5 % de 9.7 millones de habitantes corresponde a personas menores de 18 años. La cifra no solo impresiona, conmueve, interpela, exige acción inmediata.
El panorama expone una realidad dura. Cada año, más de 25,000 niñas entre 10 e 18 años enfrentan embarazos tempranos. Más de 15,000 menores sobreviven en situación de calle. Cerca de 1.2 millones permanecen fuera del sistema educativo. Más de un millón realizan trabajo infantil. Además, 76,000 niñas, niños migrantes fueron retornados entre 2020 e 2025, según registros oficiales. Cada número refleja una historia, un sueño interrumpido, una infancia en riesgo.
Entre 2023 e 2025, alrededor de 550 menores perdieron la vida de forma violenta, promedio de 15 casos por mes. El 73 % tenía entre 15 e 18 años. La estadística revela una fractura social profunda que demanda respuestas estructurales, no discursos temporales.
Ricardo López, delegado adjunto del Conadeh, señaló que la atención a la niñez en Honduras no alcanza nivel adecuado. La presencia constante de menores en calles, semáforos, labores informales evidencia falta de redes de cuidado. Muchos acompañan a familiares por ausencia de alternativas seguras.
El funcionario subrayó la urgencia de fortalecer mecanismos de protección para garantizar acceso permanente a educación, evitar deserción en temporadas laborales, asegurar espacios libres de violencia donde cada menor pueda crecer con dignidad, estabilidad emocional, oportunidades reales.
También remarcó el rol de la familia en formación de conducta. La violencia como método disciplinario reproduce ciclos de agresión. Romper ese patrón implica educación parental, orientación psicosocial, presencia institucional cercana.
López destacó que la Secretaría de Niñez, Adolescencia, Familia (Senaf) requiere respaldo técnico, recursos, personal capacitado para responder a cada caso con eficacia. El principio del interés superior del niño debe guiar cada decisión estatal. No basta cambiar nombres institucionales; resulta clave robustecer procesos, elevar estándares, seleccionar perfiles por capacidad profesional.
La protección de la niñez no admite demora. Cada día sin acción consolida brechas, limita futuro colectivo. Honduras enfrenta una encrucijada moral: priorizar infancia significa proteger destino nacional. Redacción Wendoly V.V.
