Tegucigalpa, Honduras.- En un contundente mensaje lanzado este Jueves Santo, la ministra de Salud, Carla Paredes, propuso una reforma que podría cambiar radicalmente el trato legal y sanitario hacia los conductores ebrios que provocan accidentes: pagar de su bolsillo cada centavo del tratamiento médico, aun si son atendidos en hospitales públicos o en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).«Se necesita más rigor legal. Que el responsable de un accidente pague su cirugía, aunque sea en el sistema público», sentenció Paredes ante medios de comunicación.
La ministra aseguró que la impunidad está alimentando la imprudencia en las calles, donde diariamente aumentan los casos de trauma causados por choques, muchos protagonizados por motociclistas sin seguro ni responsabilidad legal. «Hoy ni siquiera se puede asegurar una motocicleta. Nadie responde por nada. Atropellan y ni van a la cárcel», añadió con firmeza.
Además, planteó una medida sin precedentes: suspender los beneficios del seguro social a quienes lleguen accidentados en estado de ebriedad, obligándolos a cubrir todos los costos médicos por cuenta propia.
Crisis por trauma: los hospitales al borde del colapso
La titular de Salud reveló que el sistema hospitalario está saturado por el volumen creciente de accidentes viales, lo cual ha obligado a suspender cirugías programadas y profundizado la mora quirúrgica, que ya venía agravada desde la pandemia del COVID-19. «Lo que más nos está matando es el trauma», dijo con preocupación.
«Aunque realizamos hasta 20 cirugías por semana, cada semana ingresan entre 50 y 100 nuevos casos. No damos abasto.»
Paredes indicó que el presupuesto en salud pública se está desviando casi en su totalidad a cubrir estas emergencias, dejando en segundo plano tratamientos esenciales y crónicos para otros sectores de la población.
Cifras alarmantes: más de 4,700 accidentes en 2025
Según la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), en lo que va del año Honduras ha registrado 4,780 accidentes de tránsito, con 518 muertos y 890 lesionados. Estas cifras colocan los accidentes como una emergencia nacional, tanto por su impacto humano como por el alto costo que representan para el Estado. «Si no exigimos responsabilidad financiera y legal a los causantes, nunca vamos a detener esta sangría de recursos y vidas», concluyó la ministra. Redacción Martha C.C.