Tegucigalpa, Honduras | QuienOpina.Com – La posibilidad de viajar con seguridad durante la próxima temporada alta toma fuerza en el hemiciclo. El Congreso Nacional colocará en agenda la declaratoria de emergencia vial, una decisión que puede cambiar el panorama de miles de conductores que a diario enfrentan baches, tramos fracturados, drenajes colapsados en rutas clave del país. El anuncio, realizado por el diputado Erik Alvarado, abre un compás urgente: actuar ahora, en plena etapa seca, para evitar caos cuando lleguen lluvias intensas.
El legislador remarcó que el mantenimiento preventivo resulta vital en este periodo, con el fin de garantizar carreteras con alcantarillados limpios, superficie estable, paso seguro para familias, transporte de carga, visitantes que dinamizan economías locales en destinos turísticos. La meta estatal contempla una revisión técnica de 2,700 kilómetros de red vial, cifra que expone la magnitud del reto ante una infraestructura que presenta deterioro crítico en varios corredores estratégicos.
Desde el sector constructor, Silvio Larios, director ejecutivo de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción, respaldó la medida al considerar que una emergencia en la red vial nacional permitiría acelerar obras, activar frentes de trabajo, generar plazas laborales en diversas regiones. Esta acción, explicó, facilitaría la rehabilitación de accesos a zonas turísticas altamente productivas, impulsando comercio, movilidad interna, flujo de visitantes en fechas de alta demanda.
La administración del presidente Asfura remitió al Legislativo una iniciativa especial para autorizar la intervención inmediata de más de 2,700 kilómetros de carreteras en estado delicado. El secretario del Congreso, Carlos Ledezma, confirmó que la normativa prioriza bacheo, limpieza, recuperación de tramos con daños severos, con el objetivo de asegurar condiciones óptimas de tránsito antes de Semana Santa.
Además, la propuesta busca simplificar procesos para adquisición de insumos, contratación de empresas constructoras, reduciendo trabas administrativas que suelen frenar respuestas rápidas ante crisis de infraestructura. Este enfoque apunta a una gestión pública más ágil, con capacidad de reacción técnica, uso directo de recursos destinados a la recuperación vial.
El debate no solo trata de asfalto; toca seguridad, economía, turismo, empleo, calidad de vida. Cada kilómetro rehabilitado puede significar menos accidentes, menor tiempo de traslado, más oportunidades para comunidades que dependen del movimiento constante de personas, mercancías. Redacción Ruth Corrales