El Congreso Nacional anuncia respaldo presupuestario para 2027, mientras 103 municipios enfrentan los efectos de la falta de lluvias y miles de personas necesitan asistencia humanitaria.
Tegucigalpa, Honduras | HonduPrensa.Com – La respuesta de Honduras frente a la sequía entra en una etapa decisiva. El impacto sobre los cultivos, las economías familiares y el abastecimiento alimentario obliga a las instituciones públicas a coordinar acciones que trasciendan la atención inmediata y permitan proteger a las comunidades más vulnerables.
En ese escenario, el Congreso Nacional, la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO) y organismos internacionales sostuvieron una jornada de trabajo para revisar las acciones frente a la emergencia.
La reunión se desarrolló el 29 de octubre en la sede de AMHON, bajo la conducción de su presidente, Juan Carlos Molina, con la participación del titular del Poder Legislativo, Tomás Zambrano.
El fenómeno de El Niño intensifica la vulnerabilidad rural
Los efectos de la sequía se reflejan especialmente en las comunidades cuya economía depende de la agricultura.
Durante el encuentro, Zambrano señaló que existen familias que perdieron sus cultivos y productores que ni siquiera lograron iniciar sus siembras por la ausencia de lluvias.
El presidente del Congreso sostuvo que la emergencia requiere cooperación institucional, independientemente de las diferencias políticas, y agradeció el respaldo de los organismos internacionales que acompañan al país.
La dimensión del problema también quedó reflejada en el llamamiento humanitario anunciado por Naciones Unidas, el Gobierno de Honduras y la Red Humanitaria.
El documento identifica 103 municipios bajo alerta roja y establece una población objetivo de 538,000 personas para recibir asistencia mediante el Flash Appeal.
Cooperación internacional y asistencia para 538,000 personas
El Flash Appeal busca movilizar US$60 millones para responder a las necesidades humanitarias provocadas por la sequía.
La estrategia contempla acciones relacionadas con alimentación, nutrición, salud, acceso al agua, saneamiento, higiene y protección de las poblaciones vulnerables.
Entre los organismos vinculados a las acciones figuran Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), UNICEF, Visión Mundial y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
El llamamiento constituye una solicitud de recursos para financiar la respuesta, por lo que su efectividad dependerá también de la movilización de fondos y de la capacidad de ejecución de las organizaciones participantes.
Molina reconoció el acompañamiento del Congreso Nacional y destacó la importancia de trabajar con las municipalidades para responder a las necesidades de los territorios.
Presupuesto 2027 y preparación ante futuras sequías
Uno de los principales anuncios de la reunión estuvo relacionado con la planificación financiera del próximo ejercicio fiscal.
Zambrano afirmó que el Presupuesto General de 2027 contempla proyectos y soluciones específicas para enfrentar los efectos de la sequía y fortalecer la seguridad alimentaria.
También insistió en que la planificación debe considerar los próximos dos o tres años, debido a que las consecuencias climáticas pueden prolongarse y afectar otros ciclos agrícolas.
El proyecto presupuestario de 2027, presentado ante el Congreso Nacional en septiembre, asciende a L455,374.8 millones y permanece sujeto al proceso legislativo correspondiente.
Por su parte, Reinaldo Sánchez, titular de COPECO, valoró los mecanismos impulsados desde el Poder Legislativo para respaldar las acciones de atención a la emergencia.
En la reunión también estuvo presente la diputada Alejandra Burgos, presidenta de la Comisión de Seguridad Alimentaria, quien conoció el plan de acción dirigido a los municipios afectados.
Los municipios necesitan soluciones que puedan comprobarse
La coordinación entre alcaldías, Gobierno, Congreso y cooperación internacional será determinante para atender a las familias que enfrentan pérdidas agrícolas.
Entre las prioridades se encuentran la asistencia alimentaria, el abastecimiento de agua, el acompañamiento a productores y la preparación de las comunidades frente a nuevos episodios de déficit de lluvias.
El reto institucional será demostrar que los compromisos anunciados cuentan con financiamiento, responsables, cronogramas y mecanismos de evaluación.
Honduras necesita una estrategia que no dependa exclusivamente de la reacción ante cada emergencia, sino que fortalezca la prevención y la capacidad productiva de sus municipios.
La ciudadanía y los sectores productivos deberán seguir de cerca la ejecución de las medidas y el destino de los recursos destinados a enfrentar la crisis. —Redacción Bruce Villatoro CEO HonduPrensa.Com