Tegucigalpa, Honduras | HonduPrensa.Com – El Congreso Nacional aprobó una reforma que cambia el equilibrio interno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), trasladando al pleno de magistrados facultades administrativas que durante años estuvieron concentradas en la presidencia de la Corte. El oficialismo la vende como una corrección contra la concentración de poder. La oposición la denuncia como una intrusión del Legislativo sobre la autonomía judicial.
Pero el tema de fondo es más profundo: Honduras presencia otro episodio donde el Congreso no solo legisla, sino que intenta reconfigurar instituciones en un país donde el control político suele imponerse sobre la técnica.
La reforma modifica disposiciones de los decretos 282-2010 y 05-2011, que otorgaban poderes extraordinarios a la presidencia de la CSJ mientras el Consejo de la Judicatura estuviera inactivo. Este órgano fue concebido para administrar personal, disciplina y economía del Poder Judicial, pero quedó fuera de juego tras ser declarado inconstitucional.
En vez de reactivar el Consejo con una ley sólida desde hace años, el Congreso dejó correr el tiempo. Hoy actúa con velocidad, sin el segundo debate habitual, impulsado por Jorge Cálix, quien argumentó que era necesario cortar poderes extraordinarios.
El problema es el contraste: el Congreso habla de transparencia judicial mientras dentro del hemiciclo persisten prácticas cuestionadas como votaciones a mano alzada, pese a existir sistema electrónico. Esa incoherencia no es menor: es la base de la desconfianza ciudadana.
Con la reforma, nombramientos, ascensos, traslados y permutas deberán aprobarse por la mitad más uno de magistrados. Los procesos disciplinarios y despidos deberán tramitarse con al menos tres magistrados propietarios.
La presidencia de la CSJ conservará atribuciones como ejecutar el Plan Operativo Anual, pero con aprobación previa del pleno y rendición de informes trimestrales.
En teoría, se reduce arbitrariedad. En la práctica, se abre el riesgo de pactos internos: un poder colegiado puede convertirse en un poder de bloque.
Desde Libre, Fabricio Sandoval denunció que la reforma constituye un “golpe de Estado” contra la Corte Suprema y sostuvo que solo una reforma constitucional podría hacer cambios estructurales. La mayoría desestimó su moción de orden y avanzó con el decreto.
Tras la aprobación, el Congreso nombró una comisión especial encabezada por Mario Pérez, acompañada por Francis Cabrera, Sara Zavala y otros diputados, para construir la nueva Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial.
El desafío es inmediato: si esa nueva ley nace con cuotas partidarias, el país habrá creado otro monstruo institucional. Si nace con técnica, meritocracia y transparencia, Honduras podría avanzar hacia una justicia más profesional.
Como medio digital, HonduPrensa.Com plantea soluciones concretas:
El Congreso debe publicar y auditar su votación electrónica en tiempo real.
La CSJ debe transparentar todas las decisiones del pleno con actas públicas.
Debe crearse un registro digital de carrera judicial con criterios técnicos verificables.
La Ley del Consejo de la Judicatura debe blindarse contra cuotas y manipulación.
Honduras no puede seguir jugando a reformar instituciones mientras el ciudadano sigue esperando justicia real. Si el Congreso quiere liderar una reforma histórica, debe empezar por reformar su propia transparencia. —Redacción Bruce Villatoro CEO HonduPrensa.Com