Tegucigalpa, Honduras.- En un momento decisivo para la nación, el Congreso Nacional dio luz verde por unanimidad a una norma de Emergencia Vial, control de inundaciones, refuerzo municipal, una acción inmediata ante el grave deterioro de la infraestructura vial en plena antesala de la temporada lluviosa.
La medida nace como respuesta directa al clamor ciudadano por rutas seguras, prevención ante desastres, protección de sectores productivos. El decreto cobrará vigor tras su publicación en La Gaceta, con alcance de un año, lapso considerado crucial para frenar daños estructurales acumulados. Diputados priorizaron la defensa de la población, resguardo de corredores logísticos, estabilidad económica nacional, en una votación calificada como histórica por su consenso absoluto.
La disposición declara Estado de Emergencia Vial en todo el territorio, ordena labores preventivas antes de Semana Santa, próximo invierno, con meta clara: reducir riesgo de inundaciones, desbordamientos, colapso urbano en zonas críticas. El Poder Ejecutivo, mediante la Secretaría de Infraestructura (SIT), podrá ejecutar de forma inmediata bacheo provisional, mantenimiento preventivo, señalización temporal, dragado de ríos, quebradas, tareas clave para mitigar emergencias.
También se autoriza construcción, ampliación de puentes, rehabilitación de bordos, mejora de drenajes pluviales, obras vitales para sostener movilidad, comercio interno. Entre intervenciones emblemáticas figura un puente paralelo al Germania, salida sur capitalina, además de culminación del carril pendiente en el paso a desnivel Juan Manuel Gálvez del Anillo Periférico, puntos de alta presión vehicular. En la CA-13, tramo El Progreso–Tela, varios puentes pasarán a cuatro carriles, elevando capacidad, reduciendo congestión, potenciando flujo turístico, productivo.
El decreto prioriza bordos de protección en Valle de Sula, región vulnerable, motor agrícola, industrial, donde cada lluvia intensa representa amenaza latente. Autoridades darán preferencia a carreteras con alto tránsito, rutas turísticas, accesos urbanos, zonas de producción estratégica. Para acelerar ejecución, se habilita contratación directa de bienes, servicios ligados a obras, bajo mecanismos de transparencia, fiscalización.
Se establecen exoneraciones tributarias, aduaneras solo para importar maquinaria, suministros vinculados a la implementación. Un eje central es el Programa Especial de Maquinaria Municipal, adscrito a la SIT, que facilitará entrega temporal o permanente de tractores, motoniveladoras, retroexcavadoras, vibrocompactadores, tanques de agua, volquetas, equipo esencial para mantenimiento vial local. Todas las alcaldías podrán acceder sin sesgo político, mediante convenios con normas claras sobre uso, custodia, rendición de cuentas.
Distribución seguirá criterios técnicos, demográficos, territoriales, priorizando zonas con déficit histórico de obra pública. Municipios deberán asegurar mantenimiento adecuado, pólizas ante daños, pérdida, robo, responsables designados, planes preventivos, correctivos. El Ejecutivo podrá reasignar equipo ante uso inadecuado, adquirir maquinaria por compra directa consolidada, leasing u otras modalidades eficientes. El Tribunal Superior de Cuentas realizará control preventivo, concurrente, auditoría posterior; la SIT entregará informes semestrales al Congreso sobre avances, resultados. Finanzas creará partida presupuestaria específica para sostener ejecución.
Con esta norma, el Congreso busca una reacción firme ante crisis vial, fortalecimiento local, obras estructurales capaces de reducir riesgo de inundaciones, dinamizar economía, elevar seguridad ciudadana. Redacción Ruth Corrales