Tegucigalpa, Honduras | HonduPrensa.Com – Los diputados que respaldaron la destitución del exfiscal general Johel Zelaya deben prepararse para responder ante el país, porque el juicio político que impulsaron ha dejado de ser un asunto encerrado entre las paredes del Congreso Nacional y llegará el próximo 5 de agosto al escenario internacional.
La comparecencia de Honduras ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) amenaza con desnudar una de las prácticas más cómodas de la política nacional: aprobar decisiones de alto impacto desde una curul protegida, pero trasladar al pueblo cualquier indemnización, condena o costo económico que aparezca después.
Eso sería inadmisible.
Si una mayoría legislativa utilizó su poder para destituir funcionarios, esa misma mayoría debe explicar públicamente el procedimiento, defender su voto y asumir las consecuencias que legalmente puedan derivarse.
No más decisiones privadas pagadas con dinero público.
La curul no puede funcionar como refugio
El juicio político ha sido presentado como un mecanismo de control entre poderes y no como un proceso judicial ordinario. Esa naturaleza política, lejos de borrar responsabilidades, vuelve todavía más urgente identificar a quienes promovieron y respaldaron la medida.
No fue una computadora la que votó. No fue un edificio. No fue una institución abstracta.
Fueron diputados con nombres, apellidos, partidos, salarios y obligaciones constitucionales.
Por eso, el Congreso debe publicar el registro completo de la votación y conservarlo accesible para toda la ciudadanía. Los hondureños tienen derecho a saber quiénes respaldaron la destitución, bajo qué argumentos lo hicieron y qué informes jurídicos utilizaron para evaluar sus consecuencias.
La inmunidad política no puede convertirse en anonimato institucional.
¿Quién pagaría una eventual condena?
Esa es la pregunta que incomoda al Congreso Nacional.
Si Honduras fuera obligada a indemnizar, reparar daños o cubrir costos derivados del procedimiento, ¿saldrían los recursos del presupuesto de salud? ¿De educación? ¿De infraestructura? ¿De los impuestos cobrados a trabajadores, comerciantes y empresas?
El ciudadano que no votó en el Congreso no debería ser convertido en garante financiero de una decisión tomada por diputados.
Cualquier sanción económica debe investigarse para determinar si procede cobrarla a los legisladores responsables, mediante los mecanismos legales correspondientes y respetando individualmente el derecho de defensa.
El país necesita fortalecer la acción de repetición contra los funcionarios que, por dolo, abuso, negligencia grave o violación comprobada de sus deberes, ocasionen pérdidas al Estado.
No se puede continuar socializando el costo de la irresponsabilidad política.
Salarios legislativos bajo la lupa
Los diputados reciben remuneraciones pagadas por el pueblo. Si un tribunal u organismo competente determina que una actuación causó daño económico al Estado debido a responsabilidad individual comprobada, debe existir la posibilidad de aplicar deducciones, embargos o recuperaciones patrimoniales conforme a la ley.
El salario público no debería estar blindado frente al daño público.
Esta exigencia no significa desconocer las atribuciones constitucionales del Congreso ni anticipar el resultado de la audiencia internacional. Significa establecer un principio de justicia fiscal elemental: el pueblo no debe pagar automáticamente por los errores de quienes gobiernan.
Si los congresistas están convencidos de haber actuado correctamente, deberían respaldar una auditoría completa del proceso, abrir los documentos y comprometerse a responder patrimonialmente si una instancia competente determina responsabilidad.
Quien vota con seguridad debe rendir cuentas con la misma seguridad.
Soberanía no significa cheque en blanco
El argumento de la soberanía estatal tampoco puede utilizarse como cortina para evitar controles.
Honduras tiene derecho a organizar sus instituciones y aplicar su Constitución, pero el Estado también asumió compromisos internacionales que deben ser respetados. La soberanía no elimina el debido proceso, la independencia de poderes ni la obligación de rendir cuentas.
Mucho menos autoriza a los funcionarios a tomar decisiones mientras garantizan que otro pagará las consecuencias.
La democracia no consiste únicamente en reunir votos. También exige límites, transparencia, motivación, responsabilidad y controles efectivos.
Una mayoría puede tener fuerza suficiente para aprobar una decisión, pero esa fuerza no convierte automáticamente la decisión en incuestionable.
Congreso debe abrir el expediente
Antes de la audiencia del 5 de agosto, el Congreso Nacional debería publicar el expediente íntegro del juicio político, las pruebas examinadas, los dictámenes utilizados, las actas de las sesiones y el voto individual de cada parlamentario.
También tendría que explicar si evaluó previamente el riesgo internacional, qué instituciones fueron consultadas y cuál sería la ruta presupuestaria ante una eventual reparación económica.
Guardar silencio solo alimentaría la sospecha de que se actuó con cálculo partidario y sin medir las consecuencias para el país.
El Congreso no puede exigir respeto a sus atribuciones mientras evita explicar cómo las ejerció.
Que la factura llegue a los responsables
Durante décadas, la política hondureña ha funcionado bajo una fórmula injusta: los funcionarios toman decisiones, el Estado pierde demandas y el ciudadano termina pagando.
Ese ciclo debe romperse.
Cuando exista una resolución firme que establezca una actuación irregular y responsabilidad personal, el Estado debe cobrar a quienes ocasionaron el daño. Si fueron diputados, que se revise su salario, sus prestaciones y su patrimonio conforme al procedimiento legal.
No se trata de venganza política. Se trata de proteger el dinero de Honduras.
El Congreso Nacional no puede convertir el presupuesto público en una tarjeta de crédito ilimitada para financiar sus apuestas partidarias.
La audiencia ante la CIDH colocará bajo observación el uso del juicio político, pero también abrirá una pregunta mucho más profunda: ¿seguirán los hondureños pagando por decisiones que nunca tomaron?
La respuesta ciudadana debe ser firme: quienes respaldaron la decisión deben dar la cara y, si se demuestra responsabilidad, también deben pagar la factura. —Redacción Bruce Villatoro CEO HonduPrensa.Com