Tegucigalpa, Honduras | HonduPrensa.Com — La Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió este jueves declarar “sin lugar” la solicitud de revocatoria de la orden de captura vigente contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022), consolidando la alerta internacional que impide su libre ingreso al país pese al indulto recibido en Estados Unidos. La decisión judicial mantiene firme la acción legal que pesa sobre Hernández, rechazando el recurso de reposición presentado por su defensa.

El portavoz de la CSJ, Carlos Silva, confirmó que la medida asegura que la orden de captura continúa plenamente vigente, dejando claro que cualquier intento de ingreso al territorio hondureño estaría sujeto a cumplimiento inmediato de la ley. La defensa del exmandatario había solicitado la revocatoria con el argumento de que Hernández podría regresar tras recibir un indulto presidencial en Estados Unidos otorgado a finales de 2025, tras cumplir una condena de 45 años por delitos de narcotráfico.

Este fallo se enmarca en un contexto judicial complejo, donde el Ministerio Público hondureño presentó en octubre de 2023 un requerimiento fiscal contra ocho exfuncionarios, incluyendo a Hernández y al expresidente Porfirio Lobo Sosa, por presuntos actos de corrupción y malversación de fondos públicos. Según la acusación, Hernández se habría beneficiado de al menos 62 millones de lempiras desviados desde instituciones del Estado hacia fundaciones y movimientos políticos vinculados a su campaña, utilizando mecanismos como empresas fantasma, prestanombres y contratos ficticios, afectando directamente recursos de la sociedad hondureña.

Tras su liberación en Estados Unidos, Hernández ha expresado su deseo de retornar a Honduras, pero ha advertido que lo hará únicamente bajo condiciones que garanticen no ser objeto de persecución política o linchamiento judicial, lo que evidencia la tensión entre procesos legales internos y la resolución internacional que lo mantiene bajo alerta. Expertos legales coinciden en que la decisión de la CSJ refuerza la independencia del poder judicial y establece un precedente sobre cómo se gestionan casos de extradición y cumplimiento de condenas en el país.  Redacción Wendoly .V. 

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