La exintegrante del CNE afirma que el Ministerio Público le informó que no forma parte de la investigación, aunque sostiene que las grabaciones habrían sido utilizadas para impulsar una campaña en su contra.
Tegucigalpa, Honduras | HonduPrensa.Com – Una comunicación atribuida al Ministerio Público encendió una nueva controversia alrededor de los audios que Cossette López denuncia como falsificados: la exconsejera del Consejo Nacional Electoral asegura que fue informada de que no forma parte de la investigación, pese a considerarse víctima de los hechos examinados.
López sostiene que esa exclusión le ha impedido acceder plenamente al expediente y avanzar en un peritaje independiente que permita determinar técnicamente la autenticidad de las grabaciones.
Su cuestionamiento es directo: afirma que busca esclarecer el origen de unos audios que, según su declaración, fueron fabricados y posteriormente utilizados dentro de una campaña de difamación.
“Todavía no puedo hacerle peritaje a los audios falsos que fabricaron. Se me sigue denegando justicia y acceso”, expresó la exfuncionaria.
Una investigación rodeada de dudas
La denuncia de López no confirma por sí misma que las grabaciones hayan sido manipuladas. Esa conclusión dependería de un análisis técnico y de las determinaciones que adopten las autoridades competentes.
Sin embargo, su reclamo expone una pregunta de relevancia pública: ¿qué mecanismos tiene una persona que se considera víctima para acceder a la información, aportar elementos o solicitar evaluaciones sobre el material investigado?
La exconsejera asegura haber recibido una comunicación escrita en la cual se le notificó que no forma parte del proceso. Pese a ello, insiste en que los audios afectaron directamente su imagen y que necesita conocer el expediente para impulsar el esclarecimiento.
La información disponible no detalla las razones legales por las cuales el Ministerio Público habría adoptado esa posición. Tampoco permite establecer qué diligencias han sido practicadas, si existe un peritaje oficial o cuál es el estado actual de la investigación.
Esa ausencia de detalles mantiene el caso dentro de un terreno marcado por declaraciones, cuestionamientos y asuntos todavía pendientes de confirmación institucional.
El acceso al expediente entra al centro del debate
Más allá del contenido de las grabaciones, el conflicto gira ahora alrededor del acceso a la investigación.
López presenta el caso como una demanda de justicia que continúa sin respuesta suficiente. Su objetivo declarado es obtener acceso al expediente y contar con la posibilidad de evaluar técnicamente los audios que considera falsos.
La autenticidad de una grabación no puede establecerse únicamente mediante posiciones políticas, percepciones personales o debates en redes sociales. Requiere procedimientos especializados que examinen la integridad del archivo, sus características técnicas y cualquier posible alteración.
Por esa razón, la posibilidad de realizar un peritaje se convierte en una pieza determinante para ofrecer certeza, proteger derechos y evitar que las acusaciones continúen creciendo sin una resolución técnica conocida.
Para la ciudadanía, el caso también representa una prueba sobre la capacidad de las instituciones para responder con transparencia cuando surgen controversias vinculadas con información digital, disputas políticas y posibles afectaciones a la reputación de figuras públicas.
López pide profundidad en las reformas electorales
Durante sus declaraciones, la exconsejera también abordó el debate sobre las reformas electorales.
López consideró que existe voluntad política para promover cambios, aunque advirtió que las modificaciones no deberían aprobarse de manera precipitada.
La exfuncionaria defendió la necesidad de realizar un estudio técnico profundo antes de alterar las reglas del sistema electoral. A su juicio, el objetivo debe ser garantizar resultados sólidos y fortalecer la institucionalidad democrática de Honduras.
Sobre la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), evitó emitir una opinión de fondo. Indicó que otras instituciones estatales tienen la responsabilidad de representar al país en ese proceso.
Su prudencia frente a la audiencia contrasta con la firmeza mostrada al denunciar la falta de acceso a la investigación sobre los audios.
Ambos asuntos convergen en una misma preocupación: la confianza en las instituciones encargadas de administrar justicia, organizar los procesos electorales y garantizar que las controversias políticas se resuelvan con procedimientos claros.
El próximo paso dependerá de la respuesta que puedan ofrecer las autoridades sobre el estado de la investigación, las razones de la exclusión denunciada y la posibilidad de que los audios sean sometidos a un examen técnico verificable.
Mientras esas respuestas no sean conocidas, Cossette López mantendrá abierto un reclamo que combina justicia, reputación personal, transparencia institucional y una disputa política con implicaciones para la democracia hondureña. —Redacción Bruce Villatoro CEO HonduPrensa.Com