Tegucigalpa, Honduras.- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) encendió las alarmas ante una iniciativa en el Congreso Nacional que busca reformar el artículo 3 transitorio del Decreto 282-2010, una medida que —según advirtió la presidencia del Poder Judicial— podría poner en jaque la independencia judicial en Honduras.
En una postura institucional firme, la CSJ sostuvo que despojar a su presidencia de facultades administrativas no solo implicaría un rediseño interno, sino que abriría la puerta a riesgos jurídicos, operativos e institucionales con impacto directo en la administración de justicia. La advertencia no es menor: se trata del equilibrio entre gobernanza interna, transparencia, celeridad procesal.
De acuerdo con el comunicado oficial, trasladar decisiones clave de personal, disciplina, traslados, cancelaciones a un órgano colegiado de quince magistrados podría generar cuellos de botella severos, retrasando procesos esenciales para el funcionamiento del sistema judicial. En un contexto donde la ciudadanía exige mayor eficiencia, la Corte sostiene que la reforma podría provocar el efecto contrario.
Uno de los puntos más sensibles radica en la posible devolución de facultades al Pleno, lo que —según la CSJ— crea una ambigüedad peligrosa en materia de competencias. “Confiarle al pleno funciones disciplinarias relacionadas con despidos o traslados compromete la imparcialidad además de las garantías del derecho de impugnación”, subraya la institución, elevando el debate al plano constitucional.
La Corte también rechazó la narrativa de una supuesta “expansión descontrolada” en los nombramientos, argumentando que los registros institucionales demuestran coherencia con las necesidades reales en las salas civil, constitucional, penal, laboral contencioso administrativo. En otras palabras, la estructura actual responde a criterios técnicos, no políticos.
Ante este escenario, la presidencia del Poder Judicial planteó la instalación urgente de una mesa técnica interinstitucional que permita una solución integral, incluyendo la aprobación de una nueva Ley del Consejo de la Judicatura, con visión estructural, no reactiva.
La advertencia final es categórica: una aprobación acelerada, sin resolver los vacíos estructurales, podría comprometer la seguridad jurídica además de la estabilidad democrática que el país demanda. Redacción Ruth Corrales