Tegucigalpa, Honduras.- Gustavo Solórzano, presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), instó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a tomar una decisión clave sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado contra el decreto 04-2022 de amnistía política. Solórzano describió tres posibles resultados que podría adoptar el pleno de la CSJ, cada uno con implicaciones significativas para el país.
En su análisis, Solórzano considera que la primera opción sería que el recurso se declare sin lugar, lo que implicaría que la CSJ desestimaría la solicitud de inconstitucionalidad del decreto. “Creo que la votación podría ser reñida, con un posible 8 a 7 en contra”, indicó. Esta decisión mantendría la amnistía en vigor, favoreciendo a ciertos grupos políticos.
La segunda posibilidad es que la CSJ declare el recurso con lugar, anulando el decreto. “Existen dos términos en latín aplicables: ex nunc o ex tunc. Veo poco probable que se declare con efecto retroactivo (ex tunc), pero hay una leve posibilidad de que se declare con efectos a partir de ahora (ex nunc)”, explicó Solórzano. Esta opción podría generar un cambio significativo en la interpretación de la amnistía política.
La tercera alternativa es la inconstitucionalidad parcial del decreto. Solórzano señaló que si bien algunos políticos fueron perseguidos tras los eventos de 2009, también existen individuos que se han beneficiado de la amnistía por delitos comunes y corrupción. “Esto es impunidad”, subrayó. En su opinión, sería prudente una revisión que elimine los delitos ajenos a la política.
Solórzano también advirtió sobre el impacto político de la decisión. “Es crucial evitar que esto se convierta en una herramienta para evadir la justicia”, destacó. Temía que, a futuro, la amnistía se utilice como un medio para proteger a políticos sin escrúpulos.
La responsabilidad de la CSJ es aún mayor, pues su decisión podría influir en la lucha contra la corrupción, especialmente en el contexto de la posible llegada de la CICIH al país. “Declarar sin lugar la inconstitucionalidad sería renunciar a cualquier mecanismo de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras”, enfatizó Solórzano. Esto dejaría a la nación con un vacío en la búsqueda de justicia.
Por último, Solórzano destacó la importancia de mejorar la percepción de Honduras en el ámbito internacional, particularmente en términos de seguridad jurídica. “La Corte debe actuar con responsabilidad, protegiendo el Estado de derecho y fortaleciendo la imagen del país”, concluyó. Redacción Martha C.C.