Tegucigalpa, Honduras | HonduPrensa.Com — La Corte Suprema de Justicia (CSJ) declarara “sin lugar” el recurso de nulidad presentado por la defensa del Fiscal General, Johel Antonio Zelaya, intento legal que buscaba desestimar la querella interpuesta por la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López.
La resolución judicial mantiene vivo el proceso legal que enfrenta a dos figuras clave del escenario institucional del país, hecho que ya provoca fuerte debate público sobre independencia judicial, ética institucional, transparencia política.
El pasado 3 de marzo, la abogada Noelia Martínez se apersonó ante la Sala de lo Constitucional con el objetivo de solicitar una audiencia Ad-Hoc, invocando el principio de presunción de inocencia en favor del Fiscal General. La estrategia buscaba frenar el avance de la querella antes de entrar a una etapa de conciliación.
No obstante, tras analizar los argumentos legales presentados, el tribunal resolvió declarar la solicitud “Sin Lugar”, decisión que obliga al titular del Ministerio Público a comparecer en la audiencia de conciliación programada dentro del proceso judicial.
El juez designado fijó la audiencia para el lunes 16 de marzo a las 9:00 de la mañana, cita judicial en la cual deberán presentarse tanto Cossette López como Johel Antonio Zelaya, con el objetivo de explorar una posible solución conciliatoria antes de avanzar hacia etapas más complejas del proceso.
La querella presentada por la consejera electoral acusa al Fiscal General de los delitos de calumnia además de revelación de secretos, señalamientos que colocan el caso en una dimensión particularmente delicada, dado el peso institucional de ambas figuras en el aparato estatal.
En su denuncia, López sostiene que Zelaya actuó con “absoluta parcialidad”, además de violar el principio de objetividad que debe regir la conducta del Ministerio Público. Según la querella, el fiscal habría realizado declaraciones públicas que prejuzgaron su responsabilidad dentro de un caso aún en desarrollo.
El conflicto se originó tras la divulgación pública de audios que presuntamente contienen una conversación entre la consejera electoral además del entonces jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, material que generó un intenso debate político, mediático además de jurídico.
Para analistas del ámbito legal, la decisión de la CSJ abre una fase clave que podría definir precedentes sobre responsabilidad institucional, límites del discurso público de funcionarios judiciales, además del manejo de información sensible dentro de investigaciones en curso. Redacción Wendoly V.V.