Tegucigalpa, Honduras.- Rebeca Ráquel Obando, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), expresó su compromiso de fortalecer el sistema de justicia hondureño para impedir que los ciudadanos sean enviados a otros países. Esta declaración surge tras la decisión del gobierno de eliminar el tratado de extradición con Estados Unidos , que estará en vigor hasta febrero de 2025.
En la inauguración de una clínica de salud mental, Obando fue interrogado sobre las inquietudes de la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, quien manifestó su preocupación ante la derogación del tratado. Ante esto, la jueza fue clara: «Nuestro objetivo es una justicia robusta y transparente, que proteja a los hondureños en su propio territorio» .
Justicia Hondureña Independiente y Transparente
Obando subrayó la importancia de un Poder Judicial independiente y afirmó que las decisiones sobre tratados internacionales corresponden exclusivamente al Ejecutivo . Enfatizó que el Pleno de Magistrados trabaja por una justicia sin interferencias , declarando: «Fortalecer el Poder Judicial es la clave para evitar la extradición de nuestros ciudadanos«.
La presidenta de la CSJ recalcó además que, en cuanto a amnistías políticas, ya existe un pronunciamiento oficial de la Corte, aunque el fallo aún no se ha publicado. Según sus palabras, la decisión de la Corte será transparente y acorde a los principios de justicia e imparcialidad .
Posición Clara sobre la Imparcialidad Judicial
Ante cuestionamientos sobre casos específicos y posibles involucramientos familiares, Obando fue enfática en su independencia, manifestando que no puede opinar sobre casos judiciales en curso para mantener su imparcialidad . «Nuestra función es emitir decisiones con criterios objetivos, sin influencias externas ni presiones políticas» , señaló.
Controversia por el Tratado de Extradición
La eliminación del tratado ha sido objeto de debate desde que la presidenta Xiomara de Zelaya lo denunció en agosto. Esto se dio en medio de señalamientos hacia Carlos Zelaya , quien presuntamente gestionó fondos ilícitos en campañas políticas. Este contexto ha generado expectativas sobre la posición de la CSJ y la capacidad del país para procesar casos sensibles sin recurrir a la extradición.
Mientras el tratado sigue vigente hasta febrero de 2025 , sectores judiciales y diplomáticos miran con cautela este desarrollo. La consolidación de una justicia fuerte en Honduras es el eje de este debate, un desafío para el futuro del sistema judicial y la protección de la soberanía nacional. Redacción Martha C.C.