Tegucigalpa, Honduras.- La política nacional se ve nuevamente sacudida por una controversia de gran magnitud, tras la difusión de un video en el que se observa y escucha a la diputada del Partido Libertad y Refundación (LIBRE) y vicepresidenta del Congreso Nacional, Isis Cuéllar, acompañada por el ministro de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), José Carlos Cardona, admitiendo de manera abierta y directa la entrega de cheques por más de 100 mil lempiras, así como kits valorados en aproximadamente 125 mil lempiras, destinados al fortalecimiento de estructuras territoriales vinculadas al oficialismo.
En la grabación, que ha circulado ampliamente en medios de comunicación y redes sociales, la diputada Cuéllar describe con detalle la logística y magnitud de los recursos distribuidos, en lo que aparenta ser una operación organizada con fines exclusivamente partidarios.
“Prefiero retirarme de todo esto porque yo aquí no estoy de estómago… José Carlos, imagínate qué bonito el evento del sábado, donde entregué todos los equipos de sonido… Te conté para qué quería los cheques: a las 23 coordinaciones del partido. A 15 de ellas les entregué sonido, sillas, mesas, carpas, kits de sublimado para camisetas, banderas, tazas… cada uno costó como 125 mil lempiras. Y se los entregué a la gente”, expresó Cuéllar en tono coloquial, pero con claridad incuestionable.
La diputada continúa explicando cómo canalizó los recursos:
“¿Te acordás que te dije que iba a hacer cheques de 100 mil, que los iba a cambiar con gente de mi confianza, y los íbamos a entregar al partido? Pues alguien en Banadesa filtró ese listado a la DICIA”.
Aún más revelador resulta su referencia a nombres y sectores internos del partido oficialista, mencionando que algunas decisiones responden a dinámicas territoriales en zonas como La Vuelta Argentina y Nueva Arcadia, de las cuales, según sus propias palabras, prefiere mantenerse al margen.
Este pronunciamiento, sin aparente intención de discreción, ha generado un profundo repudio entre diversos sectores de la sociedad hondureña, incluyendo organizaciones de la sociedad civil, instituciones democráticas y miembros de la oposición política, quienes exigen la inmediata intervención del Ministerio Público y de los órganos contralores del Estado, al considerar que los hechos expuestos podrían constituir una grave violación a la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, así como al principio de legalidad en la administración de los recursos públicos.
Analistas consideran que esta confesión pública representa un precedente altamente preocupante sobre el uso indebido del aparato estatal para fines electorales, y pone en entredicho los principios de transparencia, equidad y ética que deben regir todo proceso democrático.
En un año marcado por la expectativa electoral y el llamado a la participación ciudadana, este episodio reaviva el debate sobre la urgente necesidad de fortalecer los mecanismos de control institucional, blindar el uso de los fondos públicos y garantizar condiciones de igualdad y legalidad para todos los actores políticos del país. Redacción Bruce Villatoro CEO HonduPrensa.Com