Tegucigalpa, Honduras.- La creciente situación de desplazamiento forzado de familias hondureñas por amenazas del crimen organizado vuelve a poner bajo cuestionamiento la efectividad de las políticas de seguridad implementadas en el país.
El analista Luis León criticó que miembros de los cuerpos de seguridad hayan intervenido en el traslado de familias que fueron obligadas a abandonar sus viviendas, en lugar de garantizarles condiciones para permanecer en sus comunidades.
Para León, existe una contradicción entre los millonarios presupuestos asignados a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas y la sensación de vulnerabilidad que persiste entre los ciudadanos frente a la violencia.
El abogado señaló que la Policía maneja anualmente recursos que rondan entre 11 mil y 12 mil millones de lempiras, mientras que las Fuerzas Armadas dispondrían de presupuestos de entre 11 mil y 14 mil millones de lempiras.
A su criterio, estos recursos deberían reflejarse en una mayor capacidad para prevenir la violencia, proteger a las comunidades y evitar que las familias sean expulsadas de sus hogares.
“Es vergonzoso que teniendo presupuestos de 11 mil, 12 mil millones de lempiras anuales la Policía Nacional, 11 mil, 14 mil millones de lempiras las Fuerzas Armadas, anualmente el pueblo hondureño se sienta vulnerable”, cuestionó.
Reclaman una política de prevención
León sostuvo que Honduras ha concentrado buena parte de sus esfuerzos en perseguir y sancionar a los responsables de delitos, pero ha dejado en segundo plano la prevención de la violencia.
Según explicó, durante aproximadamente 15 años se ha planteado la necesidad de establecer una estrategia preventiva, sin que hasta ahora se haya consolidado una política capaz de atacar las causas que generan estos desplazamientos.
El analista consideró necesarias tanto las acciones de persecución contra las estructuras criminales como las medidas destinadas a impedir que nuevas familias sean víctimas de amenazas, extorsiones o desplazamiento.
Familias abandonan sus hogares
El desplazamiento provocado por grupos criminales, señaló León, no se limita a las zonas rurales. También afecta a personas que migran hacia ciudades como el Distrito Central o San Pedro Sula buscando seguridad.
Sin embargo, algunas de estas familias terminan nuevamente desplazándose de una colonia a otra debido a la presencia o persecución de estructuras delictivas.
El abogado explicó que las amenazas tampoco estarían relacionadas únicamente con la extorsión. Según su denuncia, existen casos en los que grupos criminales intimidan directamente a familias e incluso buscan ejercer control sobre sus integrantes.
Estas situaciones generan un escenario en el que las víctimas se ven obligadas a abandonar sus viviendas para proteger su vida y la de sus familiares.
El cuestionamiento vuelve a colocar sobre la mesa la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención, protección de las víctimas y recuperación de territorios afectados por el crimen organizado, especialmente en comunidades donde las familias continúan expuestas al desplazamiento forzado. Redacción Laura V