El cierre y confiscación de las propiedades de la escuela de negocios Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), es el último asalto de una ofensiva que el régimen de Daniel Ortega mantiene desde finales del 2018 y que ya alcanza a más de 3,400 organismos, universidades, medios de comunicación y empresas.
Según el monitoreo del organismo de derechos humanos Nunca Más, hasta el 21 de agosto pasado la dictadura había ejecutado 3,381 cancelaciones, de las cuales 34 eran universidades y asociaciones universitarias.
El grueso de cancelaciones se ejecutó contra organismos de promoción y desarrollo social (554) y la mayoría se produjo el año pasado (3,108), según este recuento que no incluye una veintena de cancelaciones de los últimos dos meses, entre ellas la Universidad Centroamericana (UCA) y el INCAE.
El patrón para las confiscaciones es generalmente la publicación en La Gaceta, Diario Oficial, de un acuerdo del Ministerio de Gobernación en el que se anuncia la cancelación “por incumpliendo de las leyes que lo regulan” y delega en la Procuraduría General de la República “realizar el traspaso inmediato” de los bienes muebles e inmuebles de la institución a quien despojan de su personería jurídica.
En el caso de la UCA, el despojo se produjo a través del oficio de una jueza donde se acusa por “terrorismo” a los directivos de la universidad y se ordena incautar los bienes materiales de la institución, sin que se haya desarrollado proceso judicial o sentencia condenatoria.
Hasta agosto del 2022, la guillotina de organismos funcionaba a través de la Asamblea Nacional (parlamento) controlada por el régimen, que retiraba en masa las personerías jurídicas otorgadas por ella misma, pero, a partir de una reforma a la ley 1115, conocida como la Ley de ONG, las decapitaciones se trasladaron al Ministerio de Gobernación.
“La intención de la reforma legal fue que las cancelaciones se hicieran administrativamente, que fuera un proceso mucho más rápido y no que se conociera del proceso hasta que ya se publicará en la Gaceta”, explica el abogado y analista político, Eliseo Núñez.
Para Núñez, “el cierre de las ONG, el cierre de los centros educativos y las limitaciones de acceso, por ejemplo, a ayudas sociales que tiene que ver también con las ONG, es convertir al Estado en el principal proveedor de servicios de educación, salud y otro tipo de ayudas sociales, con el fin de migrar de un control social de la fuerza, que es el que tienen ahorita, a un control social a través de necesidades”.
“No vas a poder estudiar si no tenés un aval de ellos (el régimen), no vas a poder conseguir servicio de salud si no tenés un aval de ellos o no vas a poder conseguir un crédito diferente a los bancarios, si no es a través de ellos. Igual con la vivienda. Todo esto conlleva a un control social, manipulando necesidades”, añade.
Reconoce, sin embargo, que también hay una intención represiva contra quienes se oponen a la dictadura. “Sí hay un ánimo de venganza, que no es tan irracional, tiene que ver con colgar cabezas, con poner cabezas en la picota, para que los demás miren lo que les puede pasar si se oponen al régimen”.
Un sociólogo nicaragüense que pide no se le mencione por seguridad, afirma que Ortega aplica “una política de tierra arrasada en busca del control absoluto en Nicaragua”.
Además de ser un arma de represión, dice, el régimen busca con las cancelaciones obtener recursos para sostener una política prebendaria entre sus simpatizantes a través de la distribución de lo despojado.
“Es una actitud de rapiña, depredadora, donde en ocasiones se reparte el botín para contentar a sus bases”, dice y pone de ejemplo los terrenos de la confiscada Exposición Pecuaria del Istmo Centroamericano (Expica), donde el régimen dispuso la construcción de 450 casas como parte de un proyecto bautizado como “Bismarck Martínez”.
La Asamblea Nacional (parlamento) despojó en julio de 2022 a la Asociación para el Desarrollo Agropecuario de Nicaragua EXPICA de su personería jurídica, y dos meses más tarde, el 20 de septiembre, la Policía ocupó por la fuerza esos terrenos.
El mismo día que la Policía entraba a EXPICA, Rosario Murillo, esposa de Daniel Ortega y vicepresidenta de Nicaragua, afirmó en una alocución radial que esos terrenos “fueron recuperados por el Estado nicaragüense para ponerlos a disposición de las familias nicaragüenses”.
En febrero de este año, el régimen de Ortega les quitó la nacionalidad nicaragüense a 306 opositores, y ordenó la confiscación de sus bienes. A mediados de septiembre la Policía empezó a ocupar las viviendas de estos nicaragüenses, entre quienes se encuentran la escritora Gioconda Belli, su hijo Camilo de Castro, los ex cancilleres Francisco Aguirre Sacasa y Norman Caldera, el ex miembro de la Junta de Gobierno Moisés Hassan, y el defensor de derechos humanos Gonzalo Carrión.
“Era lo único de valor material que le estaríamos heredando a nuestras hijas, pero ahora son asaltadas por los criminales de lesa humanidad, que además de criminales y asesinos también son ladrones”, reaccionó Gonzalo Carrión al conocer de la ocupación policial de su vivienda.
La Constitución Política de Nicaragua prohíbe expresamente las confiscaciones. En su artículo 44 dice: “Se prohíbe la confiscación de bienes. Los funcionarios que infrinjan esta disposición, responderán con sus bienes en todo tiempo por los daños inferidos”.
Con información de Infobae